El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, manifestó este viernes que la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A., titular de los tres únicos hospitales con servicio de urgencias existentes en El Puerto, Sanlúcar y Villamartín, "tiene que llegar a una solución con el Gobierno andaluz", en cuanto a los servicios de concierto de los centros.

Así lo ha subrayado el también consejero de la Presidencia y Administración Local, en una rueda de prensa en Córdoba, después de que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta, ha incoado expediente sancionador a la entidad por supuestas prácticas restrictivas de la competencia.

En este sentido, Jiménez Barrios ha resaltado que "la empresa debe entender que la Junta quiere seguir con los conciertos y no tiene ningún interés en que no haya una solución", por lo tanto, según ha agregado, "cuando se ha sacado a concurso, la empresa debió haberse presentado", al tiempo que ha apostillado que "los que tienen procedimiento negociado, lo tienen resuelto".

A juicio del vicepresidente del Ejecutivo regional, "en esto hacen falta pocas palabras y mucha acción", de manera que espera que "la empresa tiene que llegar a una solución con la Junta de Andalucía", algo que "se desea" en la administración autonómica, algo que pondría fin a la incertidumbre reinante en el seno de las plantillas de los hospitales de Pascual en Cádiz capital (San Rafael), Málaga y Huelva.

Al respecto, la Agencia de Defensa de la Competencia ha detallado este jueves en una nota que el día 15 se acordó la incoación del expediente sancionador ante "la existencia de indicios racionales de la realización de conductas que presuntamente serían contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia".

Ha detallado que ésta prohíbe "la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional", tanto si se trata de "imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos" como de "subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos".

Las presuntas conductas anticompetitivas consisten en supuestas actuaciones orientadas a la explotación abusiva de la posición de dominio que la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A. ostentaría como titular de los tres únicos hospitales con servicio de urgencias existentes en El Puerto, Sanlúcar y Villamartín.

Tales conductas han sido denunciadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha atribuido a dicha entidad, por una parte, la aplicación de "precios abusivos por los servicios facturados fuera de concierto", y, por otra, el "intento de vincular la suscripción de un nuevo concierto para los tres hospitales citados con la contratación de otros servicios que no guardan relación directa con el objeto del concierto".

Detalla que las conductas denunciadas de habrían producido cuando el SAS se encontraba en fase de renovación de los conciertos suscritos con entidades privadas en diversas poblaciones de Andalucía.