Mientras la tormenta de la crisis y del paro golpea como nunca en democracia a las familias rurales. Mientras que en algunos pueblos serranos ya no se venden, sino que se rifan, los manojos de espárragos para poder comer. Mientras se vuelve a la caza, legal o no, para echar algo de carne al puchero. O se amarra la maleta, camino de Perpiñán, como en los años 60, a recoger el melocotón, o lo que sea. Mientras todo eso está pasando en el campo andaluz, gaditano y serrano, un grupo de militantes del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) encabezado por el alcalde de Espera, Pedro Romero (IU), escribió ayer una nueva página en la historia reivindicativa del movimiento campesino. De la reivindicación en demanda de empleo, de una luz al final del túnel.

De manera pacífica, poco antes de las cinco de la tarde, una veintena de jornaleros penetraron en el Puerto de Cádiz, se introdujeron en el barco Superfast Canarias, atracado en el muelle ciudad, y tomaron el puente de mando. Allí ondearon banderas andaluzas y reclamaron al Gobierno central y autonómico recursos públicos suficientes para la generación de jornales que les permitan sacar adelante a sus familias. A bordo permanecieron más de una hora. Antes se habían 'desmarcado' de la manifestación que, bajo una estrecha vigilancia y escolta policial, -no estaba autorizada- recorrió una de las aceras de la Avenida hasta la Plaza de Mina, donde se celebró una concentración previo permiso -esta sí- de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Antes de embarcarse en el carguero de Canarias, el pacífico pero activo 'comando espereño' intentó subir a su primer objetivo: el buque escuela noruego Christian Radich. Varios cadetes de su tripulación se lo impidieron de manera contundente, pero sin hacer uso de ningún tipo de arma. Pertrechados de pies a cabeza de material y armamento antidisturbios, quienes sí hicieron uso de sus porras -defensas, en el argot policial- contra los manifestantes, fue un nutrido grupo de agentes que, poco antes del mediodía, les impidió la entrada al edificio de la Junta de Andalucía en la Plaza Asdrúbal por una de sus puertas laterales. Diego Cañamero, secretario general del SOC, denunció que en la "carga policial, varias personas resultaron heridas tras ser golpeadas en la cabeza y en los brazos, entre ellas, una mujer de más de 60 años, que han tenido que llevarse al Hospital". Este periódico se interesó ayer por su estado, pero la Delegación Provincial de Salud no proporcionó ninguna información al respecto. Fuentes de Subdelegación negaron la "carga" y añadieron que fueron "varios de los agentes" que vestían los cascos y corazas los que resultaron heridos en el "forcejeo".

Pasado el mediodía, unas mil personas se habían instalado ya en la entrada principal de la primera planta del edificio público. Alrededor de 500 se quedaron fuera, tras una infranqueable barrera policial. Tras el cuerpo a cuerpo de primera hora, la tensión que se mascó durante toda la mañana subió de tono a menudo: porque llegó a impedirse el uso de los lavabos a quienes lo necesitaban, por cruces de insultos y acusaciones, "porque me han pegado y se han reído de mí" o por el intento de identificación algunos de los manifestantes. Diego Cañamero controló en todo momento la situación y fue informando de las novedades a los jornaleros de Puerto Serrano, Villamartín, Bornos, Algodonales, Espera, Alcalá del Valle, Arcos, Algar, Jédula y de más de una decena de pueblos sevillanos, cordobeses y jiennenses. Además del alcalde de Espera, encabezaban el acto de protesta sus homólogos gaditanos de Puerto Serrano (Pedro Ruiz) y Bornos (Fernando García, del PP) y de varios de los pueblos de la provincia vecina. También hubo algunos cargos andalucistas.

Cañamero, Romero y Ruiz pidieron entrevistarse con el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, para transmitirle sus aspiraciones y reivindicaciones. Los dirigentes del SOC solicitaron una entrevista con el presidente de la Junta y otra con del delegado de Gobierno en Andalucía para exigirles, entre otras medidas, un Plan de Empleo Rural (PER) de cuatro meses, un subsidio especial para los trabajadores que no cobren ningún tipo de prestación o cuyos ingresos estén por debajo del salario mínimo interprofesional, la eliminación del decretazo y "reconducir los 50.000 millones que el Gobierno ha previsto para la banca, de manera que lleguen directamente a los vecinos, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos".

El delegado de Empleo estuvo toda la mañana en Medina Sidonia acompañando a su consejero, Antonio Fernández, en un acto oficial. Fuentes de esta delegación provincial del Gobierno andaluz aseguraron que Bouza "se puso en contacto telefónico con los dirigentes sindicales alrededor de las 13.30 horas para ofrecerles una reunión el próximo lunes, a las diez de la mañana, pero que la rechazaron".

Quien no perdió la oportunidad de visitar a los trabajadores del campo en su encierro en la sede la Junta, repleta de cámaras, micrófonos y grabadoras, fue la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Un reducido grupo de jornaleros aplaudió a la única política no perteneciente a IU o al PA que se acercó a la protesta. Martínez manifestó su preocupación por la situación de los trabajadores del campo, se comprometió a que el PP lleve la petición de entrevista del SOC al Parlamento andaluz y al Congreso de los Diputados, a transmitir sus reivindicaciones a través de una proposición no de ley en las dos Cámaras y a exigir un plan de choque de empleo rural. Quedaron para reunirse la próxima semana.

Cañamero agradeció el gesto de la alcaldesa y diputada popular. Incluso la invitó a dirigirse a los manifestantes. Martínez la rechazó: "creo que es más natural que lo hagáis vosotros".