El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, será asesor del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Núñez, nacido en 1965 en Sevilla y residente en Cádiz desde hace muchos años, es también fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo. Se incorporó a la Fiscalía de Cádiz en 1991 y desde 1993 se ocupa de los asuntos medioambientales. Infatigable defensor del derribo de las construcciones ilegales, pionero en lograr sentencias condenatorias que lleven aparejada la demolición, Ángel Núñez se ha pasado años insistiendo y tratando de convencer a los jueces de que sin derribo de lo que se ha construido ilegalmente, la condena penal es papel mojado. En buena parte lo ha conseguido.

Núñez aún desconoce datos concretos sobre su tarea en el ministerio de Justicia pero sí que trabajará en la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno y que lo hará al lado del magistrado Juan Carlos Campo, con plaza en la Audiencia Provincial de Cádiz, nombrado hace unos meses secretario de Estado de Justicia, que fue quien se puso en contacto con él para ofrecerle el cargo. Ayer comentó que estuvo unos días pensando si aceptar o no y que finalmente optó por sumarse al equipo de Caamaño porque le parecer una oportunidad profesional única y un trabajo muy interesante.

Como sustituta de Ángel Núñez en la Fiscalía de Cádiz se quedará Patricia Navarro, fiscal que colabora desde hace un tiempo con él en la tramitación de los asuntos medioambientales, urbanísticos y relacionados con el patrimonio. Núñez se va en comisión de servicio por seis meses prorrogables, con lo que mantiene así reservada su plaza como fiscal delegado de Medio Ambiente. El ministerio de Justicia le concedió el pasado diciembre la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Un reconocimiento más a su trabajo, que no ha pasado desapercibido: la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006, por ejemplo, dedicaba varios párrafos a la tarea desempeñada por Ángel Núñez y calificaba como "magnífica" la memoria elaborada en Cádiz.

En esa memoria, Núñez alertaba de que la ordenación del territorio estaba siendo sometida a intensos ataques en la provincia gaditana, consideraba el problema "enormemente preocupante" y decía que no era exagerado afirmar que la situación estaba "fuera de control".

El fiscal explicaba que salvo en la capital gaditana, donde la falta de suelo impide conductas ilegales, en todos los partidos judiciales de la provincia había causas por delitos urbanísticos. Y anotaba que la actitud de las Administraciones, que debían velar por la disciplina urbanística, no era precisamente la de ayudar a solventar el problema, sino que optaban por no ejercer las funciones que les atribuía el ordenamiento.

"El deterioro del litoral de la provincia gaditana experimenta un proceso que hasta la fecha se revela como imparable", escribía Ángel Núñez al expresar la gravedad de la situación, contra la que luchaba con pocos medios.