A la tercera fue la vencida. Una familia numerosa residente en el Poblado Naval de la Base de Rota, en El Puerto, desde hace más de doce años tuvo que desalojar ayer finalmente la vivienda en cumplimiento de la decisión de la Dirección General del Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), que considera que ha expirado el derecho de la familia a ocupar dicha casa.

El padre de familia, un capitán de fragata que presta servicio en la Base de Rota, ha luchado junto a su esposa, María del Carmen Arribas, desde el año 2004, cuando el Invifas le comunicó por primera vez que había perdido el derecho a utilizar la vivienda. Desde entonces la familia ha luchado contra viento y marea para mantener sus derechos sobre la casa, que nunca han abandonado en estos últimos doce años, salvo el cabeza de familia para cubrir un destino temporal en Canarias que duró menos de un año. Ese destino temporal ha sido el origen de esta orden de desahucio, al considerar el Invifas que con el traslado el militar perdió el derecho sobre la casa, aunque pocos meses después regresaba a la Base de Rota. Entonces no se llevó a su numerosa familia consigo por ser para un destino de tan solo un año.

A las diez en punto de la mañana se presentaban en la vivienda responsables de zona del Invifas acompañados por un coche de la Policía Nacional y un cerrajero. De los siete hijos que tiene la pareja, cinco viven con ellos en la casa y los más pequeños se encontraban presentes en el momento del desahucio. Algunos vecinos acudieron al lugar a expresar su apoyo a la familia, que sigue convencida de que tiene razón en la lucha que emprendió hace ya cinco años.

El desalojo de la casa se producía ayer después de dos intentos previamente fallidos, uno el pasado mes de marzo, cuando se le concedió a la familia seis meses más de plazo para permanecer en la vivienda, y el segundo el pasado septiembre, cuando la ejecución del desahucio volvió a retrasarse ante unas maniobras en las que tenía que participar el militar en la fecha señalada para el lanzamiento.

Ayer, y tras haberse desestimado el recurso de amparo presentado por la familia ante el Tribunal Constitucional (supuestamente por haberse presentado fuera de plazo), la decisión no se retrasó más y la familia pasará temporalmente a vivir en casa de unos familiares en tanto el Invifas les entregue una nueva vivienda, quizás tan solo unos metros más allá de la que ocupaban hasta ahora. El motivo de tanta insistencia en el desalojo, según la esposa del militar, no es otro que el interés del Invifas en ir terminando con todos los contratos anteriores al año 1999 (fecha en la que entró en vigor la nueva ley de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas) para hacer contratos conforme a la nueva ley, que contempla menos derechos para los ocupantes de las viviendas y liga su adjudicación exclusivamente a a la estancia del titular en la vivienda, sin contemplar que su familia pueda permanecer en el domicilio durante los traslados. "Son como los asustaviejas", decía María del Carmen Arribas refiriéndose al Invifas, que ahora tendrá que invertir un dinero nada desdeñable en arreglar tanto la vivienda que deja la familia como en adecuar la que ocuparán desde el mes de enero.