Cuando acaban de lograr eludir la cárcel tras abonar 30.000 euros de fianza cada uno, y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por las construcciones ilegales de Pinar de Coig, en un juicio fijado para el lunes de la semana próxima, otro viejo asunto pide cuentas a la 'cúpula' de Urbanismo del anterior gobierno de Independientes Portuenses entre 2003 y 2007 en coalición con el PSOE: al exedil Juan Carlos Rodríguez y al jefe de Disciplina Urbanística y jefe de Licencias del Ayuntamiento portuense Fernando Jiménez Fornell. Se trata de la demolición del protegido edificio de la Casa de las Cadenas, el gravísimo atentado contra el patrimonio de la localidad por el que la Consejería de Cultura impuso al Ayuntamiento de El Puerto la máxima sanción administrativa contemplada en la legislación, 150.000 euros, y que fue denunciado por Izquierda Unida. En este asunto, como en el de Pinar de Coig, además de Rodríguez y Jiménez Fornell, está imputado también el exalcalde Hernán Díaz, que ya fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación.

El Ministerio Fiscal acaba de enviar al Juzgado 3 de El Puerto (el mismo que lleva las diligencias que han motivado el apresamiento de Rodríguez y el técnico municipal) su calificación de los hechos, en los que pide para los tres, para Díaz, Rodríguez y Jiménez Fornell, exactamente la misma pena: nueve años en total de inhabilitación para cargo o empleo público.

El fiscal considera que Hernán, Rodríguez y Fornell conculcaron la Ley con el propósito de permitir la demolición del edificio histórico con el objetivo de dejar construir en el solar con fines especulativos.

El representante del Ministerio Público acusa por ello a los tres autores de sendos delitos de prevaricación y desobediencia. Por el primero, les reclama ocho años de inhabilitación, y por el segundo, un año d inhabilitación y una pena de multa de siete meses con cuota diaria de 18 euros, 3.780 euros en total a cada uno.

Junto a ellos, el fiscal acusa a dos representantes de Rufino Naves, la empresa que perpetró la demolición del edificio, Rufino Naves Llaneza y Juan Naves Arambarri, de un delito contra el patrimonio histórico. Y pide para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión, y una multa durante 18 meses, con cuota diaria de 18 euros, 9.720 euros en total.

El Ministerio Fiscal, como en su día hizo en primer término el magistrado, deja fuera al arqueólogo municipal y director del Museo Municipal Francisco Giles Pacheco, pidiendo el sobreseimiento en su caso al no quedar acreditada su participación en los hechos.

La demolición se ejecutó en 2004 tras dos intentos frustrados previos. Uno, protagonizado en 2002 por José Pinto (al que el magistrado dejó fuera de la causa), entonces propietario de la Casa de las Cadenas, quien pidió la declaración de ruina al Ayuntamiento, y que vendió a finales de ese año a Rufino Naves la propiedad. Y otro en 2003, a instancias de los nuevos dueños, , cuando Hernán Díaz firmó un decreto para iniciar un expediente de modificación del Plan general para cambiar la catalogación de la protegida finca.

Este camino emprendido para obtener la demolición y posterior construcción de otro edificio "parece que quedó estancando habida cuenta de la no continuación del expediente, por lo que la empresa Rufino Naves, de acuerdo con los responsables del Ayuntamiento, utilizó otra vía", anota el escrito de calificación fiscal. El nuevo atajo intentado, y definitivo a la postre, se gestó en julio de 2004, cuando Juan Ignacio Naves presentó un escrito al Ayuntamiento en el que notificaba el deterioro físico de la finca, por grietas, deformación de vigas e inexistencia de forjado, por lo que pedía que se le autorizara el derribo. Y es en este punto donde comienza la a juicio del fiscal delictiva actuación de los representantes municipales. Primero, de Jiménez Fornell, quien realizó un informe en el que sostenía que, por presentar el edificio ruina inminente, el alcalde estaba habilitado para disponer las medidas precisas. Así, "se conseguía evitar la intervención de la Consejería de Cultura y que se adoptaran medidas alternativas y prioritarias a tal demolición, medidas de protección y conservación que el Ayuntamiento había omitido durante años", sigue el escrito fiscal. Rodríguez dictó un decreto, en el que ordenada a Rufino Naves la demolición. Y Hernán concedió la licencia a final de agosto.

Cultura, al enterarse de las obras, ordenó la paralización enviando dos requerimientos que, dice el fiscal, "fueron desoídos por los responsables municipales". Tanto es así que Hernán, dice el Ministerio Público, en un escrito, le dijo a Cultura que se dirigiera a la empresa, "propiciando, con la dejación y desatención del requerimiento que les era dirigido, que por parte de Rufino Naves se concluyeran las obras de demolición el 4 de octubre de 2004, resultado al que se dirigió toda la actuación de los acusados desde un principio".

A la empresa, no le reclamaron la paralización hasta el 4 de octubre, "cuando la demolición ya era un hecho".