Sociedad, vivienda y salud

Epidemiología de la crisis

  • Un estudio analiza el impacto de los desahucios en la salud de la población afectada. El estrés crónico y la depresión golpean más fuerte

Hay un informal axioma en el mundo sanitario que dice que el código postal afecta más a la salud que el código genético. Es una forma de subrayar que los condicionantes socioeconómicos son un factor de impacto en salud de primer nivel y que más allá de la percepción de la salud el nivel económico dicta.

Ahora un estudio multicéntrico en el que ha participado la Escuela Andaluza de Salud Pública, indica que los desahucios pueden servir como tema de reflexión y análisis acerca del papel de la salud pública respecto a los determinantes sociales de la salud. Entre los años 2008 y 2015 se iniciaron en España 646.681 ejecuciones hipotecarias, que generaron 448.324 desahucios, de los que se ejecutaron 286.749 (un 77% fueron viviendas habituales en 2013-2014). En el periodo 2013-2015, un 41,2% de los desahucios fueron por ejecuciones hipotecarias y un 54,3% por impago del alquiler. "Al menos deberían adoptarse estrategias y acciones que se correspondan con la salud pública que espera y merece la ciudadanía de un país europeo en el siglo xxi", explican los autores en su análisis que se ha publicado en el último número de Gaceta Sanitaria.

La evidencia expuesta se basa en estudios en diversos países que demuestran que la pérdida de la vivienda habitual conlleva cambios negativos para la salud física y psicológica de las personas que la sufren, agravándose en las fases más avanzadas del proceso y asociado a su duración. "Los desahucios se asocian a un aumento de la ansiedad, la depresión, el estrés y los problemas de calidad del sueño, incluso controlando por otras condiciones vitales adversas como es el desempleo", explican. Además, uno de los problemas de salud mental más graves asociado es el suicidio, con aumentos del riesgo de más de cuatro veces entre los afectados. En un estudio reciente se ha encontrado que un 68,4% de las personas en proceso de desahucio presentan todas las características de estrés postraumático. Este síndrome afecta a quienes han pasado por alguna experiencia vital de extrema gravedad, y tiene consecuencias duraderas sobre la salud mental.

Los desahucios constituyen una fuente de estrés crónica y aguda, derivada de sentimientos de inseguridad, culpa y vergüenza, estigma, miedo y pérdida de control sobre la propia vida, el estatus social, y el capital social y familiar. También se ha puesto de manifiesto el efecto de los procesos de desahucio sobre los aspectos físicos de la salud; específicamente, se asocian con una peor salud percibida y con un aumento de la hipertensión y de los problemas cardiacos. Igualmente, aumentan los estilos de vida no saludables, como el consumo de tabaco y alcohol, y la dieta no saludable, como mecanismos para afrontar el estrés y el sufrimiento.

Los estudios sobre este tema que se han realizado en España confirman esta hipótesis y ahondan en el aumento del riesgo de depresión y de consulta por problemas de salud mental en los centros de salud de nuestro país. Como diferencia significativa de la realidad española, los autores del trabajo aluden a la falta de mecanismos formales de protección, de tipo económico, social y sanitario, en España, lo que se corresponde con que sean las familias y las plataformas sociales (como Stop-Desahucios), y no los servicios públicos formales, el principal soporte para las personas afectadas.

Por tanto, se considera un problema de gran magnitud, que afecta a la salud de la mayoría de las personas que los padecen, y agravado porque además afectan a una gran cantidad de menores, necesitados de especial protección". Asimismo, se afectan gravemente diversos aspectos de la salud física y mental, aumenta de manera significativa el riesgo de suicidio y sus consecuencias podrían cronificarse. "Todo ello debería resultar en una respuesta proporcional por parte de las administraciones sanitarias a la situación tan perjudicial para la salud poblacional que suponen, como demandan los principios generales de acción en salud pública que establece la Ley General de Salud Pública", afirman en el estudio.

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