Cuando el Parlamento catalán aprobó, por ocho votos, que prosperase una Iniciativa Legislativa Popular abolicionista del espectáculo taurino, que se debatirá en la próxima primavera, advertimos que el fondo de la cuestión era esencialmente político, lejos de postulados animalistas. El tiempo refuerza esta tesis. En la citada Cámara, acaban de aprobar una proposición de ley para preservar los correbous arraigados en la zona del Ebro, donde ERC consigue gran parte de sus votos. Los correbous son festejos populares en los que se suelta un toro por las calles, bien ensogado o bien con un artefacto con fuego sobre su cornamenta, sin que se le dé muerte.

La proposición, presentada por CiU, ha sido apoyada por PSC, ERC y PP; entre tanto Ciutadans se ha abstenido. Las palabras de Marta Cid, de CiU, desvelan el cariz evidentemente político del asunto: "Esto no es foclore. Lo que queremos es sumar al territorio al imaginario colectivo del país". Parece que la diputada de CiU ignora que los festejos populares, como los correbous, no son privativos de Cataluña, sino que se remontan a la Edad Media en la mayoría de territorios de lo que hoy es España, como sucede en su vecina comunidad valenciana; sin olvidar el sokamuturra vasco, el toro ensogado en Castilla o Andalucía, el toro de fuego de Medinaceli, y tantos y tantos festejos populares repartidos por toda la geografía española.

El diputado de ICV, Daniel Pi, ve en la aprobación de la propuesta una postura "contradictoria e inoportuna", señalando que ya existe un decreto legislativo y un código de buenas prácticas para los correbous. Y Albert Rivera, de Ciutadans, ha ido más lejos, señalando que "parece ser que depende de la bandera que tenga el toro, éste sufre más o menos". Rivera ha apuntado también a los planteamientos identitarios de CiU y ERC, entre tanto ha reprobado la actitud del PSC, quien no votó en bloque contra la Iniciativa Legislativa abolicionista de las corridas de toros y ahora sí lo ha hecho en la proposición de ley a favor del correbous. Curiosamente, la mayoría de organizaciones antitaurinas, como PETA, a la que el Gobierno norteamericano ha incluido como grupo terrorista, y que cada año abogan por la prohibición de los encierros y de la Fiesta, no se han manifestado en contra de los correbous.

En cualquier caso, las contradicciones del tripartito, donde los nacionalistas propugnan en demasiadas ocasiones ideas aldeanas, ha puesto sobre el tapete, una vez más, los contrasentidos y hasta las incoherencias de un buen número de representantes políticos. Porque para el ciudadano es bastante complicado entender que se prohíba un espectáculo, legal en el Estado español, como es el toreo, y que se blinde -cuando ya existe una ley que lo regula- el festejo popular denominado correbous. En definitiva, continúa la farsa nacionalista con respecto a los toros en Cataluña.