La suerte está echada. La vista oral sobre la calificación del concurso de acreedores del Xerez Deportivo se celebró ayer en el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Cádiz y tanto el ministerio fiscal como los administradores concursales lo volvieron a calificar como culpable, ratificando sus respectivos informes. Así, la Fiscalía solicita a Joaquín Morales, expresidente y exmáximo accionista de la sociedad, y a Antonio Fernández Monterrubio, exdirector general y exvicepresidente del club, una indemnización de 3.381.580,88 millones de euros, además de ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad.

A la vista, que duró más de tres horas, asistieron tanto Morales como Fernández Monterrubio, aunque no declararon, acompañados por sus respectivos abogados. También, los dos administradores concursales, Jesús Rodríguez y Antonio del Puerto, varios representantes de los accionistas minoritarios y de la plataforma 'Salvemos al Xerez' y los exconsejeros azulinos Manuel Barcell y Cayetano Gómez Villagrán, como testigos de la defensa de Monterrubio.

José María Gil Silgado, que también estaba incluido en un principio en la pieza de calificación, ha quedado fuera de la misma por una modificación en la ley, por la que sólo se tienen en cuenta dentro de la calificación los dos ejercicios anteriores al inicio del concurso.

La vista la abrió el ministerio fiscal, que hizo una amplia exposición sobre los motivos que le habían llevado a considerar culpables a Morales y Monterrubio. Bajo su punto de vista, el perjuicio por no presentar antes el concurso fue importante, al considerar que la demora acarreó un aumentó de forma considerable de las deudas de la sociedad, especialmente con Hacienda y Seguridad Social. Por otro lado, defendió la existencia de irregularidades en la contabilidad de la empresa, incluida una partida de casi 1.200.000 euros sin justificar.

Tras el ministerio fiscal, tomó la palabra Óscar Arredondo, letrado de Morales. En sus alegaciones realizó un desglose de la gestión de Morales e intentó demostrar que su defendido no era culpable de lo sucedido (aseguró que él no formulaba las cuentas). También, en un momento de su alocución también hizo mención a la figura de Antonio Millán, argumentando que es doctor en Derecho Mercantil, que fue presidente de la entidad y que en ningún momento se opuso a ninguno de los acuerdos que se adoptaron ni propuso que la sociedad se acogiera al concurso.

Tras Arredondo, le tocó el turno a Manuel Hortas, abogado de Monterrubio. Sus argumentos se centraron en defender que nunca tuvo relación ni con Morales ni con Luz Costa antes de su llegada a la entidad y que era un simple trabajador del club, con "una capacidad de decisión insignificante, las decisiones las tomaba el accionista mayoritario. Era un asalariado igual que otro cualquiera, con más responsabilidades que otros por su cargo pero nada más, estaba sujeto a las decisiones del consejo y del consejero delegado. Así, n o se le puede acusar de responsabilidades societarias. Intervino en la gestión pero no tomaba decisiones".

Después, fue Antonio del Puerto el encargado de testificar. Hubo momentos tensos y la jueza, Pilar Sebastián, llamó la atención a Arredondo y le invitó a realizar preguntas sobre aspectos estrictamente relacionados con el tema contable y no sobre valoraciones del informe concursal y también le pidió que no insistiese en el fallo favorable de la sentencia por la ampliación de capital, ya que se produjo porque por una cuestión de forma (se presentó fuera de plazo).

Del Puerto detalló los motivos por los que reflejaron en su informe todas las anomalías y recordó todos los problemas con los que se encontraron para recabar información sobre la situación económica real de la sociedad. Los famosos tres millones de euros de prima a los jugadores tras el ascenso a Primera también salió a la luz y generó discrepancias entre las partes.

Por videoconferencia, compareció José Ramón Gómez Tinoco, auditor de cuentas de la sociedad entre 2005 y 2010, que justificó su trabajo pero que no supo contestar a algunas de las preguntas de la jueza relacionadas con las distintas partidas de la ampliación de capital, comentando que llevaron a cabo la verificación de las partidas por muestreo.

Por último, comparecieron como testigos de Monterrubio los consejeros Manuel Barcell y Cayetano Gómez, que representaban en el consejo al Ayuntamiento. Ambos respaldaron que Monterrubio se encargaba sólo de las gestiones habituales del día a día de un club y destacaron que no se hablaba de entrar en concurso porque siempre aparecían los términos venta y ampliación de capital.

Gómez dio a conocer los motivos por los que todos dimitieron al mantener una conversación con Monterrubio: "Nos dijo que el presidente había sacado dinero del club, que era suyo, pero que era un movimiento complicado por la situación económica en la que estaba la entidad. No lo compartía porque ese dinero hacia falta, dimitió como vicepresidente y todos nos marchamos. La falta de dinero era algo patológico cada temporada".