Tendrá la tabarra catalana un final terrible o indeseable. El terrible, que persiguen la CUP, los podemitas y otras hierbas populistas y antisistema, es el crecimiento de los desórdenes públicos que fuerce una respuesta política, judicial y policial que alimente la rabia, el odio y el victimismo -mejor si hay alguna víctima- en los que esta gente se crece. El indeseable es que, desinflado el 1-0, se inicien negociaciones que premien el golpismo, la deslealtad, la sedición y la degradación institucional ofreciéndole a Cataluña mayor autonomía y un mejor sistema de financiación, como Guindos ya ha anunciado, a cambio de la renuncia a la independencia. Anticipándose a este final indeseable los vascos, con esa sórdida mentalidad de tendero y sacristán tan propia del PNV -Urkullu y Ortuzar ayer: el PNV pone "toda su influencia política" al servicio de Cataluña-, han aprovechado la grave coyuntura y la urgencia de la aprobación de los presupuestos para reclamar más competencias, entre otras la de prisiones.

Asesinando a 829 personas (44 bajo la dictadura, 31 durante la Transición y 754 en la democracia: no se olvide), como han hecho los terroristas vascos desde 1968 hasta 2010, o chantajeando/negociando, como han hecho los nacionalistas vascos y catalanes a lo largo de toda la democracia, ambas regiones o comunidades han obtenido ventajas (Arzalluz: "No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacudan el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recojan") manifiestamente injustas para con el resto de las regiones españolas. Amparándose en los derechos forales en el caso vasco y navarro o en las Constituciones Catalanas, lograron que la Constitución de 1978 los recocociera vulnerando el más elemental principio de igualdad. Ya que tanto se habla de la reforma de la Constitución, debería empezarse por la abolición de estos añejos, premodernos e injustos lastres históricos. Sin embargo todos sabemos no solo que no se hará, sino que se aumentarán los privilegios de las regiones/nacionalidades privilegiadas.

¿Y qué pasa con Andalucía y las otras regiones que no han incubado asesinos o sido desleales y hasta golpistas? ¿Se premia la violencia y la deslealtad golpista y se castiga la lealtad constitucional? ¿Acaso los gobiernos de España sólo respetan a quienes temen?