Tribuna Económica

joaquín aurioles

Alternativas al principio de ordinalidad

Quien más impuestos paga, más dinero debe recibir en forma de pensiones, becas… y, por supuesto, de inversión pública. Es lo que se desprende del principio de ordinalidad que Cataluña y otras comunidades contribuyentes a la solidaridad regional exigen del modelo de financiación autonómica que debe comenzar a funcionar en 2018. Sorprendente, porque implica que sean los más ricos los que pagan más impuestos y mejor consiguen cubrir sus necesidades, los que más beneficien del reparto del gasto público. Justo lo contrario a lo que cabe entender por el principio constitucional de solidaridad, hasta el punto de que comunidades como la andaluza harían bien en considerar la oportunidad de un recurso de inconstitucionalidad, en caso de que prosperase la demanda catalana.

La publicación de las balanzas fiscales permitió desmontar algunas falacias, como la catalana del "España nos roba" o el de la generosidad fiscal de los madrileños, pero sobre todo que los andaluces seamos los principales beneficiarios de la solidaridad interregional. Resulta que cuando se agrupan todos los conceptos y se reparte por el número de habitantes, el gasto público en Andalucía es inferior a la media española, a pesar de que aquí hay más pobreza y desempleo y menor nivel de renta por habitante. Precisamente por ello, también pagamos menos impuestos, pero sorprendentemente la presión fiscal es mayor que en el conjunto de España y también que en Madrid o en Cataluña. En estas dos comunidades se pagan más impuestos que en Andalucía debido, básicamente, a que el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante es superior en un 85 y un 62%, respectivamente. Lo expuso con claridad el periodista Tomás Monago en este periódico (12/12/2016). Los andaluces pagamos en impuestos el 34,6% de nuestro PIB, mientras que en toda España se paga el 32,7%. La situación todavía empeora en términos de esfuerzo fiscal, que se mide relacionando la presión fiscal con la renta bruta por habitante. En este caso, Andalucía queda un 34% peor que la media española, sólo superada por Extremadura.

El sistema fiscal español es, por tanto, profundamente regresivo desde un punto de vista regional y lo será todavía más si finalmente se introduce la ordinalidad en el futuro esquema de reparto autonómico. La corrupción y el derroche durante las últimas tres décadas, con tan decepcionantes resultados en términos de corrección de las desigualdades, provocan un rechazo interesado al mantenimiento de la solidaridad interregional. Andalucía y otras comunidades potencialmente perjudicadas por el criterio de ordinalidad tienen, sin embargo, la obligación moral de impedir que desaparezcan la equidad y la progresividad del sistema fiscal y de velar porque ambos principios queden adecuadamente reflejados en el futuro acuerdo de financiación autonómica. Puede hacerse estableciendo que si en una región la renta por habitante es mayor que en otra, también debe serlo la presión fiscal, mientras que el gasto por público por habitante nunca puede ser superior. Esta regla garantiza, en el caso más desfavorable para regiones con menor renta, un nivel de gasto público por habitante idéntico en todas las comunidades.

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