La CEOE anuncia tormenta por la nueva regulación de los ERE

  • El decreto que ultima el Gobierno exige al empresario pérdidas estructurales para recurrir a un expediente pese a que la ley habla de situaciones coyunturales · La patronal, molesta por un texto repleto de trabas administrativas

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La reforma laboral absorbió todas las miradas y también la furia de los sindicatos; la negociación colectiva acapara el presente con marzo como tope para cerrar un nuevo marco regulador... pero entre bambalinas, el Gobierno tantea con los agentes sociales otro asunto clave aunque bastante más silenciado: el reglamento regulador de los ERE llamado a modificar el decreto de 1996. Las malas lenguas afirman que aquí se esconde la contrapartida del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a CCOO y UGT por haberles colado a la fuerza un paquete de medidas que acabó en huelga general. Y la CEOE, que ya dispone del borrador a la espera del dictamen del Consejo Económico y Social, deslizó ayer a este periódico un escrito con sus conclusiones, altamente negativas, porque el Ejecutivo pretende, vía reglamento, retocar lo dispuesto en una ley. Y ésa es una de las prohibiciones sagradas del ordenamiento jurídico español.

¿Cómo se come este reglamento ultra vires? ¿Dónde está la trampa según la patronal? Básicamente, en el artículo 6.3 del proyecto, que regula la documentación necesaria en los despidos colectivos por causas económicas. El empresario "deberá acreditar que las pérdidas previstas no tengan un carácter meramente coyuntural", cuando en el actual artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores sí se permite esa opción. Es decir, que ahora sólo valdría lo estructural -valorado según criterios que el patrono ha de razonar y documentar- en vez de lo pasajero ("pérdidas actuales o previstas, conforme a la nueva redacción del Estatuto tras la reforma de septiembre).

"La diferencia de formulación legislativa es clara -expresa la CEOE en su escrito-: para las pérdidas no se establece ninguna exigencia de no coyunturalidad, mientras que cuando lo que se alega es disminución del nivel de ingresos, sin llegar a pérdidas, sí se exige que la disminución sea persistente. El artículo 6.3 se excede en todo aquello que no es meramente reproducción de la Ley 35/2010 (la de la reforma laboral)". La CEOE va más allá de esa cláusula y acusa al Gobierno de redactar un decreto demasiado abstruso, intervencionista, redundante y rígido que "propiciará que el proceso de regulación de empleo colectivo (extinciones, suspensiones, reducciones de jornada y traslados) se haga más complejo". En la práctica, concluye la patronal, el reglamento "hace prácticamente imposibles los expedientes, fundamentalmente por razones económicas". El malestar es notable por cuanto el equipo que dirige Juan Rosell considera que la cascada de obligaciones contenida en la norma castiga al empresario en un momento especialmente sensible por el corrosivo quiste de la crisis.

Éste es el grueso de la crítica, pero la CEOE baja al detalle en numerosos artículos para los que directamente pide la supresión: por ejemplo, respecto a la documentación en los despidos por causas técnicas, organizativas o de producción, que incluye una memoria explicativa e informes técnicos "que acrediten la concurrencia de las causas derivadas, entre otros, de los medios e instrumentos de producción". O en relación con la justificación de la razonabilidad del número de extinciones en conexión con la concurrencia de la causa económica y la finalidad de preservar o favorecer la competitividad de la empresa, porque "introduce elementos que matizan la existencia de la causa alegada para el despido".

Se trata, no obstante, de un proyecto de real decreto sujeto aún a negociación, pero esta vez el Gobierno tendrá difícil hacerse la foto de familia, porque le debe una a los sindicatos, aparentemente reconducidos hacia la paz social. Interesante será ver cómo maquilla o suaviza Zapatero su primer bofetón a Rosell.

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