La Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña ha abierto 125 expedientes sancionadores a Renfe al considerar infracciones graves la supresión de 75 trenes sin transporte alternativo y los retrasos en 478 circulaciones (de más de 15 minutos en 188 casos) entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre.

El Departamento cierra así el expediente informativo abierto el 21 de septiembre y en los próximos tres meses resolverá sanciones de entre 6.001 hasta 30.000 euros por expediente (entre 750.125 euros y 3,75 millones de euros en total), medida que asegura el consejero Lluís Recoder "no es recaudatoria", sino que busca que Renfe rectifique y preste el servicio que merecen los usuarios.

Asimismo, inspectores de la Dirección General de Transportes y Movilidad han realizado entre el 15 y el 26 de octubre 1.393 controles en la red de cercanías y regionales, detectando 858 incidencias, un 61,5% de los casos, que podrían derivar en nuevos expedientes sancionadores. Recoder ha lamentado que la buena voluntad y la paciencia de la Conselleria con Renfe y Adif haya servido de bien poco, y ha señalado que la operadora, que depende del Ministerio de Fomento, debe abonar la sanción porque como empresa pública no puede saltarse la ley: "No podemos permitir que trate a la Generalitat con prepotencia institucional. Esto no lo admitimos".

Incidencias en el servicio

Durante la segunda quincena de septiembre se suprimieron 62 trenes de forma total y otros 25 parcialmente, y sólo se habilitó transporte alternativo por carretera para 12 de estos convoyes, mientras que los 478 retrasos se produjeron entre el 18 y el 21 de septiembre, incidencias que afectaron a las 12 líneas de cercanías y regionales, con especial incidencia en la R2, R4, R1 y R3. Así, los 125 expedientes sancionadores corresponden a 50 infracciones graves por los trenes suprimidos sin transporte alternativo; 25 por los suprimidos parcialmente, y otros 50 por los 188 retrasos superiores a 15 minutos (un expediente para cada línea y día de afectación, tal y como contempla la Ley ferroviaria catalana modificada con las recientes leyes Ómnibus).

Los 12 inspectores de la Generalitat que emprendieron en octubre una campaña sin precedentes en todas las líneas de cercanías y regionales y en ocho estaciones catalanas detectaron, como incidencias más comunes, retrasos y deficiencias en la información al usuario: "Habríamos preferido el diálogo, pero no ha sido posible y como Govern debemos velar por la calidad del servicio", ha remarcado, apuntando que seguirán los controles. Así, en las estaciones de Barcelona Sants y Paseo de Gracia la megafonía era a menudo ininteligible o avisa cuando los trenes ya han salido; algunas pantallas de información no funcionaban; ciertas puertas de acceso a los andenes no estaban operativas en hora punta, y muchas máquinas de billetes estaban averiadas (el 17 de octubre solo funcionaba una en Passeig de Gràcia). En la estación de Gerona sólo funcionaba una de las máquinas de billetes, que sólo aceptaba el pago con tarjeta, mientras que la de Figueras (Gerona) no está adaptada para personas con minusvalía; en la de Blanes (Gerona) las pantallas no informaban sobre las llegadas, y en la de Lleida no se informaba por megafonía.

Asimismo, la Consejería abrirá un expediente informativo a Renfe por incumplir las condiciones generales de utilización de los servicios ferroviarios en Cataluña, puesto que sólo aplica la devolución en los retrasos de más de 20 minutos a los usuarios de regionales, cuando la Generalitat ha establecido que se debe aplicar a partir de los 15 minutos y también en Rodalies.

Renfe recuerda al Gobierno de Cataluña que le adeuda 291 millones de euros

Renfe ha acusado a la Generalitat de "buscar confundir a la opinión pública" y ha recordado que el Gobierno catalán acumula una deuda con la compañía ferroviaria de 291 millones de euros por la prestación de servicios en Cataluña. Ésta es la respuesta que ha ofrecido Renfe al anuncio, por parte del conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Lluís Recoder, de la apertura de 125 expedientes sancionadores a la empresa ferroviaria por infracciones graves en la prestación del servicio de Cercanías y Regional entre los días 15 de septiembre y 1 de octubre.

En un comunicado, Renfe ha asegurado que presentará alegaciones a estos expedientes y que estudiará con sus servicios jurídicos "acciones para la defensa de sus intereses". La compañía sostiene que con este anuncio, lo que pretende la Generalitat es "confundir" a la ciudadanía, sancionando a una empresa con la que aún tiene pendiente la firma del contrato-programa que regula el servicio de Cercanías con Renfe Operadora. Este contrato, recuerda, tendría que estar vigente desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015, aunque aún no está firmado.

El pasado junio, el Gobierno catalán, que gestiona el servicio ferroviario de Cercanías desde 2010, plantó al Ministerio de Fomento al negarse a firmar este contrato-programa mientras este departamento no cumpliera con las inversiones prometidas en la red de Cercanías en Cataluña, según el Ejecutivo regional.

Renfe explica que la Generalitat acumula una deuda estimada con Renfe de cerca de 300 millones de euros correspondientes al coste de la prestación del servicio en 2011 y 2012, más las cuantías pendientes de 2010. A ello hay que sumar, según Renfe, el denominado Plan de Acción, que apoya peticiones adicionales de la Generalitat a los servicios transferidos y que tampoco han sido abonados. La compañía ferroviaria ha anunciado asimismo que ha interpuesto un recurso de reposición contra las nuevas condiciones generales de utilización de los servicios ferroviarios aprobadas "de forma unilateral por la propia Generalitat" el pasado 3 de octubre.

Renfe considera que la Generalitat incumple las condiciones del convenio firmado entre Renfe y el Gobierno autonómico, que establece que cualquier cambio ha de llevarse al órgano mixto, que está pendiente de ser convocado por el gobierno catalán, algo que no se produce desde el 4 de junio. Renfe afirma que este "bloqueo injustificado" está imposibilitando que se puedan llevar a cabo mejoras consensuadas en el servicio de Cercanías y en beneficio de los viajeros.