Las diferencias de criterio sobre armonización fiscal en las presidentas de Madrid y Andalucía han proporcionado un anticipo de las posiciones sobre el nuevo marco de financiación autonómica. Uno de los principales escollos del Estado de las autonomías es tener que desmontar cada cinco o seis años el acuerdo de financiación autonómica vigente y sustituirlo por otro nuevo, siempre en medio de una fuerte crispación política, aunque en el que se pone en marcha en estos momentos se dan algunas circunstancias especiales que lo hacen especialmente trascendente.

Por un lado, será el primer escenario de presentación, y seguramente de confrontación, de los diferentes modelos de relación entre el Estado y las autonomías que pugnarán durante el debate de la reforma constitucional. El primer anticipo lo han dado las comunidades ausentes, que han decidido arrogarse el derecho a un marco bilateral y exclusivo de relaciones con el Gobierno. La gran novedad, sin embargo, es que la propia Conferencia de Presidentes ha decidido ponerse el mono de trabajo y abrir el debate político sobre el futuro modelo de financiación autonómica y la asimetrías fiscales, lo que lleva a pensar en la posibilidad de que, ante la inoperancia del Senado y el limitado alcance de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Conferencia pudiera ocupar, al menos parcialmente, el actual vacío institucional para los grandes acuerdos de contenido autonómico.

Por otro lado, también se enfrentan diferentes posiciones sobre los límites a la competencia de las regiones. El Estado de las autonomías pretendía que cada región pudiese desarrollar al máximo sus potencialidades, de acuerdo con las preferencias de sus ciudadanos. Fijaba reglas de juego (equidad, solidaridad, unidad de mercado…) que todos debían respetar y que básicamente perseguían garantizar la unidad del país y la protección de los más débiles, con una clara apuesta por la reducción de los desequilibrios regionales. El modelo era claramente favorable a la competencia regional, pero en un escenario de igualdad de oportunidades que en la práctica no ha llegado a producirse, entre otras razones porque las asimetrías fiscales, denunciadas por Díaz y defendidas por Cifuentes, lo han impedido.

Entre las implicaciones de la competencia regional está el hecho de que las circunstancias que beneficien a unas autonomías resultarán perjudiciales para otras y en este contexto las asimetrías fiscales constituyen una poderosa vía de determinación de las diferentes capacidades competitivas. Tiene razón, por tanto, Susana Díaz al demandar cambios en un sistema fiscal tan profundamente regresivo desde un punto de vista territorial, aunque probablemente se equivoque si espera encontrar en una normativa fiscal niveladora una alternativa a la competencia regional, con la que ocultar las limitaciones competitivas de Andalucía. Quien se equivoca, o miente, es Cristina Cifuentes al considerar que la corrección de la recaudación del IVA con indicadores regionales de consumo es suficiente como para ignorar que la mayor parte del os impuestos que se recaudan en Madrid se soportan en el resto de España.