Los líderes de la zona euro aceptaron la sugerencia franco-alemana de abrir un debate sobre cómo mejorar la competitividad económica de la región, pero dejaron para más adelante los instrumentos para hacerlo, tras constatar divergencias sobre asuntos como la moderación salarial que desea Berlín. 

"Hay un acuerdo sobre la necesidad de un pacto para la competitividad. No hemos tratado aún los detalles y tendremos que hacerlo en la preparación de cara a la cumbre de marzo, pero soy optimista de que lograremos un acuerdo", aseguró la canciller alemana, Angela Merkel, al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebró en Bruselas. La canciller alemana y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, llegaron a la cumbre con el propósito de convencer a sus socios de la necesidad de adoptar un pacto sobre un conjunto de medidas que sirvan para favorecer la convergencia económica y mejorar la competitividad. Los propios Merkel y Sarkozy hicieron una declaración de intenciones al respecto en una rueda de prensa conjunta que ofrecieron poco antes del almuerzo en el que presentaron esta iniciativa al resto de líderes. 

Sin embargo, aunque los países de la zona euro aceptaron la necesidad de incrementar la competitividad de la región, muchos aspectos fueron acogidos con frialdad, como la propia escenificación del acuerdo franco-alemán o la modalidad planteada para alcanzar el pacto (un acuerdo intergubernamental, infrecuente en las prácticas comunitarias). Asimismo, aunque Berlín no planteó medidas concretas durante la reunión y se limitó a "dar algunos ejemplos", según Merkel, las iniciativas que sugirió con anterioridad a la cumbre fueron rechazadas por varios líderes. 

Concretamente, Irlanda se opone a la pretensión alemana de armonizar el impuesto de sociedades, mientras que la eliminación de las cláusulas de revisión salarial indexadas al IPC suscitaron la viva oposición de Luxemburgo y Bélgica. "El primer ministro belga (Yves Leterme) y yo rechazamos la eliminación de las cláusulas de revisión salarial porque no pensamos que sea la manera en que se debe mejorar la competitividad", aseguró el primer ministro luxemburgués y presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. Juncker explicó que este asunto se pacta en su país con patronal y sindicatos, lo que no ha restado competitividad a la economía luxemburguesa, que exhibe unas de las cifras de desempleo y déficit más bajas de toda la Unión Europea. 

Por su parte, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a defender que patronal y sindicatos lleguen a fórmulas "flexibles que preserven al máximo la capacidad adquisitiva de los trabajadores". La propia Merkel admitió que algunos puntos no suscitaron el mismo "entusiasmo" entre sus socios, pero aseguró que todos están "de acuerdo en que hay que tratar de mejorar la competitividad de forma conjunta". 

El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y su homólogo de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, lanzarán una serie de consultas con los Estados miembros para estudiar en qué puntos se pueden lograr acuerdos concretos, de cara a una cumbre extraordinaria que se celebrará a comienzos del mes de marzo. Merkel explicó que la coordinación de estas medidas se efectuará "exclusivamente entre los jefes de Estado" y defendió que este procedimiento es legal según el Tratado de Lisboa, en respuesta a las críticas vertidas los últimos días por la Comisión, que considera que este procedimiento no respecta las prácticas comunitarias. Asimismo y aunque Reino Unido ya ha rechazado esta posibilidad, la canciller alemana explicó que todos los países comunitarios que así lo desean podrán adherirse a este pacto intergubernamental por la competitividad, aunque no pertenezcan a la unión monetaria. 

La iniciativa para mejorar la competitividad se enmarca un conjunto de medidas contra la crisis de la deuda que los líderes desean aprobar en marzo, y en el que también se incluye el refuerzo del fondo de rescate de la zona euro, creado en mayo pasado para socorrer a los países con problemas de solvencia. Los países de la zona euro también acordaron incrementar la vigilancia sobre los países sometidos a presiones del mercado -como por ejemplo España o Portugal, aunque el texto de conclusiones no las cita expresamente- y mejorar las condiciones de los programas de asistencia financiera a Irlanda y Grecia.