Economía

El Gobierno aprueba la ley que acortará los trámites para crear una empresa

  • La Directiva de Servicios elimina las autorizaciones previas y permite iniciar la actividad en cualquier punto de la UE

Menos burocracia para elevar la eficiencia y la competitividad. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la transposición a la normativa española de la Directiva Europea de Servicios, algo que extrapolado al día a día supondrá sobre todo desterrar las eternas esperas que autónomos, empresarios y emprendedores soportan cuando quieren abrir un negocio.

La nueva ley acabará con otra traba incoherente en un mercado común europeo: la territorial, y permitirá a propios y extraños prestar un servicio en su provincia, comunidad o país, pero también en cualquier punto de un estado miembro de la UE. Para un fontanero español, por ejemplo, inaugurar su negocio le supone entre quince y 240 días de espera, y los trámites administrativos le cuestan entre cien y 2.700 euros, dependiendo de la comunidad en la que se encuentre. Una empresa mayorista de alimentación tiene en su caso que aguardar entre 45 y 200 días antes de ponerse en marcha, y gastar entre 288 y 6.000 euros, mientras que una autoescuela, hasta ahora, sólo podía tener sucursales en una provincia, sin poder trabajar en la de al lado.

Estos ejemplos, proporcionados ayer por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, son sólo una pequeña muestra de lo difícil que es abrir un negocio de servicios en España, de lo que cuesta iniciar una actividad por mucho empeño que se tenga en ello. El llamado silencio administrativo positivo o lo que es lo mismo, empezar a trabajar sin esperar a la autorización previa, así como la ventanilla única para todos los trámites son los dos ejemplos más claros de la prometida agilización. El Gobierno asegura que con la trasposición desaparecerán estos baches, y para ello hay que modificar ni más ni menos que 7.000 normas estatales, autonómicas y locales. Queda un año y dos meses para lograrlo, porque en diciembre de 2009 la trasposición tiene que ser completa. De esa ardua labor no se van a librar tampoco los colegios profesionales, entidades con capacidad normativa que cuentan, en muchos casos, con normas o condiciones que han quedado más que anticuadas.

Vegara puso un ejemplo muy gráfico: hay colegios que exigen un certificado de buena conducta para el ejercicio de una profesión. Sin duda, una condición cuestionable o difícil de explicar en pleno siglo XXI. Los colegios cuentan con otras restricciones que habrá que evaluar, como los informes previos de estos órganos sobre un profesional o la obligatoriedad de pagar un seguro de calidad profesional con cantidades que difieren según la rama de actividad.

La intención de esta norma, según ha señaló ayer el Gobierno, por activa y por pasiva, es la de facilitar en la medida de lo posible abrir un negocio o trabajar sin trabas a la competencia en el sector servicios, y para ello también se permitirá, por ejemplo, un número ilimitado de autorizaciones.

Esta cifra ilimitada tiene, eso sí, con una excepción: la falta de recursos naturales para hacer posible la actividad. Y para este supuesto, otro ejemplo: los chiringuitos de la playa. Si no hay agua potable suficiente habrá que cortar el grifo y concursar para la concesión. Todo ello, según Solbes, necesita de una "revolución mental" a cambio de potenciar el sector más importante de nuestra economía.

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