El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, intentó ayer por la mañana convencer al Eurogrupo de que España va a dejar de ser un problema para Europa con la presentación de un avance de las cuentas públicas. Poco después, en una especie de ejercicio de cosoberanía, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, buscaron ganarse la confianza de los españoles con un proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 marcado por un ajuste de 27.000 millones de euros, el mayor acometido desde la restauración democrática (17.800 millones corresponden al Estado; 15.600 millones a las comunidades autónomas y más de 1.000 a los ayuntamientos). El Gobierno de Rajoy pretende lograrlo a través de una nueva subida y modificación de impuestos que permitirá recaudar 12.314 millones y un recorte del 16,9% en las partidas presupuestarias de los ministerios hasta dejarlas en 65.803 millones.

Pocos momentos después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley de las cuentas públicas del Estado para 2012, que crecerán en gastos hasta los 122.083 millones de euros (9,6% más) y en ingresos hasta los 119.233 millones (12,5%), la vicepresidenta del Gobierno y el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, que estuvieron acompañados por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendieron el proyecto como respuesta a una "situación límite", en palabras de Sáenz de Santamaría, o "extraordinaria", en boca de Montoro (el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, lo elevó a "Presupuestos de guerra"), para cumplir con el objetivo de déficit 5,3% comprometido con la UE, pero sobre todo por considerar que, a la larga, servirá para crear empleo.La vicepresidenta, muy empeñada en darle un toque social a las cuentas, destacó que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo, y los parados no verán reducidas sus prestaciones por desempleo.

Según detalló Montoro, que volvió a fracasar como comunicador en una comparecencia muy sui generis, del montante total, 5.350 millones de euros saldrán de una subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas y de una modificación del impuesto especial sobre el tabaco, además de los incrementos de IRPF, el IBI y del impuesto de rendimientos de capital decretados a finales de diciembre de 2011. Finalmente, el Gobierno optó por no tocar el IVA para no perjudicar más el consumo, según aseguró Sáenz de Santamaría.

Sobre el primero de ellos, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas apuntó que se eliminará la libertad de amortización, que seguirá vigente en el caso de las pymes y en las ampliaciones de capital. Además, agregó que se suprimirá la posibilidad de diferir a otros ejercicios los beneficios fiscales y se cambiará el sistema de pagos fraccionados, a la par que se limitará la deducción por gastos financieros al 30% de esta partida.

En el caso del impuesto especial sobre el tabaco, el titular de Hacienda comentó que se redistribuirá el gravamen para recaudar más y reducir el contrabando. En concreto, se reducirá en dos puntos el tipo proporcional, que depende del precio de venta, y se incrementará a su vez un tipo específico vinculado con el número de unidades.

Además, en la que sin duda es una de las medidas más polémicas, Montoro anunció una amnistía fiscal para el capital que retorne a España o que está oculto dentro del país, que sólo tendrá que pagar un "gravamen especial" del 8% o el 10%, quedando exonerado de cualquier penalización.

A todas estas medidas impositivas hay que sumar el importante incremento en las tasas judiciales que se contempla en el anteproyecto a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: de entre 50 y 750 euros, con especial incidencia en los recursos en civil y social.

En el capítulo de ajustes del gasto, que supone 1,7 puntos de los 2,5 puntos del recorte presupuestario total que corresponde al Estado, el ministro de Hacienda explicó que se concretará en una bajada del 16,9% en el gasto en los ministerios hasta dejar sus dotaciones presupuestarias en 65.803 millones de euros. Por partidas, Montoro mencionó, entre otras, los recortes acometidos en las Políticas Activas de Empleo, 1.557 millones de euros; en la Agencia Española de Cooperación Internacional, 594 millones; en ayudas de acceso a la vivienda, 322 millones; en infraestructuras, 144 millones; en Adif, 287 millones; en Seitta, 425 millones; en transferencias en Educación, excluidas becas, 530 millones; en transferencias a sindicatos, 6,2 millones; en la partida de Hacienda a adquisición de acciones y participaciones en sociedades estatales, 254 millones; en las transferencias a empresas de promoción económica, 51 millones. Y se suprimirán de un plumazo los 67 millones del Fondo de Integración de Inmigrantes.

El presupuesto no financiero caerá un 6,7% hasta 113.870 millones de euros, con un descenso de las operaciones corrientes del 2,5%, hasta los 101.792 millones, y una contención del 36,1% de las operaciones de capital. Dentro de las operaciones corrientes, los gastos de personal y financieros subirán un 1,3% y un 5,3%, respectivamente, mientras que los gastos corrientes caerán un 10,7% y las transferencias corrientes descenderán un 8,6%.