El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha insistido en que el Gobierno está siguiendo el "procedimiento habitual" para revalorizar las pensiones y que actuará según la ley. Así lo ha expresado durante su intervención en la comisión del Pacto de Toledo para analizar la restricción de las jubilaciones anticipadas y parciales así como el hacer compatibles las pensiones y el trabajo.

Ante la insistencia de los grupos parlamentarios y también de los medios, una vez finalizada su intervención, Burgos ha eludido responder si las pensiones se revalorizarán con el IPC de noviembre, como establece la ley. Burgos ha insistido en que, según dicho procedimiento, el Gobierno ha anunciado la revalorización del 1% para 2013, algo que contemplan los Presupuestos Generales del Estado y que "lo demás se hará en su momento, según la ley vigente". El secretario de Estado, en respuesta a los grupos, ha dicho que es inútil pedir sistemáticamente a un Gobierno que cumpla la ley porque está para "cumplirse" y les ha acusado de utilizar una "estrategia preventiva". A su juicio deberían ser los distintos partidos que reclaman ese dato los que explicasen cuáles son las razones que les llevan a esgrimir que la ley no se va a cumplir.

Ante las críticas por promover una nueva reforma de pensiones cuando no ha entrado en vigor la anterior, aprobada en 2011, Burgos ha dicho que el Gobierno dará "oportunidad" a aquellos elementos de la ley 27/2011 "que sean razonables" pero no a los que generen efectos perniciosos para el sistema. Respecto a la propuesta de compatibilizar la pensión con un trabajo ha asegurado que no hay "evidencia empírica" que relacione las jubilaciones anticipadas y la tasa de paro juvenil, "sino todo lo contrario".

Ha explicado que con más trabajadores mayores en activo se genera "un efecto agregado en la economía que implica en muchas ocasiones la generación de empleo para jóvenes. Respecto a la restricción para la jubilación parcial, ha señalado que el coste medio de un jubilado parcial es de 82.500 euros al año, algo "insostenible". En este sentido ha dicho que se deben adecuar a la edad de jubilación e introducir modificaciones para que sólo se apliquen a partir de un número importante de años cotizados y sobre la pensión "teórica" resultante para el jubilado y no sobre la base reguladora actual.

El Gobierno propone retrasar la jubilación anticipada a los 63 años

Burgos ha dado cuenta ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de las recomendaciones del Gobierno en materia de reforma de pensiones, que incluyen retrasar la jubilación anticipada a los 63 años y asumir que la compatibilidad entre la jubilación y el mantenimiento del trabajo sea un principio general del sistema. Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Ejecutivo propone "acotar" las dos modalidades de jubilación anticipada y fijar en los 63 años ese umbral, dejando en los 61 años a los trabajadores de empleos "penosos, peligrosos, tóxicos" y a los discapacitados. En esta línea, ha instado también a "reflexionar" sobre la jubilación anticipada en el sector público.

A renglón seguido, Burgos ha afirmado que quienes más se acogen a la jubilación anticipada son las personas con salarios más altos, lo que les garantiza pensiones casi un 9% superiores a quienes cumplen toda la vida laboral. Sin embargo, los coeficientes reductores no corrigen este fenómeno sino que incluso lo agravan en algunos casos, como con bases reguladoras altas, que tienen los mismos coeficientes que otras inferiores, con lo que "la pensión acaba siendo la misma pese a cotizar varios años" más, lo que actúa de "incentivo para el abandono prematuro" del mercado laboral.

Por eso, Burgos ha defendido que no sean "directamente proporcionales al número de años de anticipo de la edad de jubilación, que sólo sean aplicables a partir de un número de años cotizados, que se puedan reducir conforme aumenta ese periodo pero que no haya saltos por pequeñas diferencias". Además, cree que "el anticipo de la jubilación debe calcularse sobre la edad legal" y sobre la base reguladora -para no beneficiar a las más altas-. "Es posible un sistema más equitativo que ahorre recursos", ha asegurado.

El Gobierno también plantea dar cumplimiento a recomendaciones del Pacto de Toledo y la CE para fomentar la "compatibilización" entre la pensión y el trabajo, que hoy está "muy restringida" y desincentiva la continuidad en el mercado laboral, con lo que España seguirá la senda de otros países europeos. "Esto supone cambiar la incompatibilidad generalizada, y asumir como regla general la compatibilidad", ha precisado Burgos.

Así, la idea es contar con "mecanismos flexibles" y "opciones más amplias" para acogerse a esta opción, más allá de posibilidades actualmente disponibles como la jubilación demorada o la del trabajo agrario por cuenta propia, entre otras. En concreto, se propone que los trabajadores por cuenta propia y ajena, una vez cumplida la edad legal ordinaria de jubilación y contando con el 100% del periodo de cotización necesario para acceder a la pensión, puedan seguir trabajando en el sector privado sin que se modifiquen las condiciones de su pensión.

Con respecto a la jubilación parcial, que "se planteó como elemento de flexibilidad e incentivo para continuar en el mercado laboral", ha explicado que "ha devenido en una fórmula específica de anticipo de jubilación sin penalización". "Una fórmula privilegiada con costes que recaen totalmente en la Seguridad Social", ha añadido. Así, quienes se acogen a esta posibilidad "se ciñen a la jornada mínima exigida por la ley, que en muchos casos ni siquiera cumplen de forma efectiva", y además cuentan con pensiones medias un 17% superiores a las anticipadas y casi un 28% de las generales.

Dado que a juicio del PP la ley 27/2011 "no resulta suficiente" para corregir esta situación, el Ejecutivo propone "adecuar la edad de acceso a la jubilación parcial de forma acompasada con la edad legal", modificar la jornada laboral obligatoria para que llegue hasta el 50% (en lugar del actual 27%), dar un tratamiento específico o más flexible en casos de contrato indefinido a jornada completa, prolongar la vigencia del contrato de relevo y establecer "cautelas" para evitar un uso "indebido", aumentar el periodo mínimo de cotización exigido a 33 años e incluso introducir coeficientes reductores.