Todavía les queda al Gobierno central y a la Junta seis meses para ponerse de acuerdo en cuánto es la deuda histórica, pero en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009 ya se ha abierto una puerta para poder hacer frente a la posibilidad de pago de una parte. En el proyecto de ley de los nuevos PGE, en su Disposición Adicional 51, se recoge que "la Administración General del Estado podrá efectuar liquidaciones parciales con anterioridad al 20 de marzo de 2010".

El valor de esta disposición está en que su contenido se corresponde con el contenido del acuerdo al alcanzado el pasado 18 de septiembre entre los dos ejecutivos, tras el fracaso de sus conversaciones sobre la cuantificación de la deuda histórica y no cumplir el plazo marcado para ello en el Estatuto andaluz y que expiraba dos días más tarde. El documento en el que se plasmó fijaba seis meses para cerrar su cuantía y la posibilidad de pagos parciales desde entonces hasta el límite que fija el Estatuto para su liquidación definitiva, el 20 de marzo de 2010.

Con esta precisión contenida en las cuentas estatales, desde el Gobierno andaluz ya se da por hecho de que podrán llegar una primera liquidación a cuenta, que no anticipo de tesorería, a lo largo del próximo ejercicio. Un dinero que, como anunció el vicepresidente segundo y consejero de Economía, José Antonio Griñán, tendrá como uso prioritario la construcción de vivienda protegida y la sanidad.

No obstante, el paso previo a que llegue ese supuesto pago es determinar a qué asciende esta deuda sanitaria, educativa y de vivienda que arrastra desde hace 27 años el Estado para con Andalucía, una negociación que Ministerio y Consejería de Economía retomarán una vez quede cerrado el capítulo de presentación de los presupuestos autonómicos y estatales en el que están inmersos ambos dos departamentos.

En cuanto a si el dinero que llegará a Andalucía será en metálico o en especie, el Ejecutivo autonómico, como anticipó Griñán, ve "interesante" cualquier opción, como la de recibir terrenos de titularidad estatal para la construcción de vivienda protegida.