El Gobierno y los sindicatos ultiman una oferta de empleo público (OEP) de al menos 250.000 plazas para los próximos tres ejercicios, con la que se reducirá la temporalidad y la interinidad del 25% actual al 8%, según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

Ésta es la última cifra que consensuaron Gobierno y sindicatos en la reunión celebrada el miércoles pasado en el marco de las negociaciones previas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que se fijarán las cifras definitivas de una oferta de empleo público histórica y se comunicará el incremento salarial del colectivo para este ejercicio a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que aprobará el Consejo de Ministros el viernes 31 de marzo.

Fuentes del sindicato CSIF destacaron que en esta última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda se avanzó en la negociación, ya que habrían conseguido que el Gobierno considerara como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) de los que contemplaba en un principio.

En concreto, Función Pública estaría dispuesta a aceptar que, junto a Sanidad, Justicia y Educación, los ámbitos en los que ya se había llegado a un acuerdo de reposición del 100% de los trabajadores jubilados, también se extrapole a los servicios de atención directa al público, de forma que se añadirían áreas como las oficinas de DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por su parte, fuentes de UGT explicaron que la reunión no fue concluyente, aunque destacaron que en materia de empleo hay un posicionamiento "más cercano". Así, la próxima semana se celebrará un nuevo encuentro previo a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que podría fijarse el 28, el 29 ó el 30 de marzo, un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Presupuestos para 2017 en el que se incluirá la OEP y el incremento de salario de los empleados públicos.

La intención de Hacienda es convocar una OEP con un número suficiente de plazas como para reducir la interinidad del 25% actual al 8%.

Tanto UGT como CCOO piden a Montoro la convocatoria de, al menos, 360.000 nuevas plazas y un aumento del salario de los empleados públicos de carácter básico que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%. También reclaman, junto a CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la eliminación de la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.

En materia salarial, las mismas fuentes señalaron que la negociación está "encallada", ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser superior al 1%, para que no sigan acumulando pérdida de poder adquisitivo con el IPC del 3% actual.

Los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los sueldos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.

Tras la aprobación por parte del Gobierno de las cuentas públicas, éstas entrarán en el Parlamento los días 3 ó 4 de abril y se prevé que la votación de las enmiendas a la totalidad se produzca en la primera semana de mayo. Si se supera, el proyecto de Ley pasará a la Comisión de Presupuestos, donde se producirán las comparecencias de los secretarios de Estado de cada Ministerio y concluirá con un dictamen tras debatir las enmiendas.

La votación del Presupuesto por secciones, una vez incorporadas las enmiendas podría producirse la última semana de mayo. Si el Gobierno logra que sus cuentas superen esa votación, pasarán al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. Tras este trámite, el Ejecutivo espera que el Congreso dé la aprobación definitiva la tercera semana de junio y las cuentas de 2017 vean la luz con la que sería la mayor oferta de empleo público desde el inicio de la crisis.