El objetivo fundamental que persiguen los presupuestos generales del Estado, presentados ayer por el Gobierno en el Congreso, es el de conseguir una reducción del déficit público hasta el 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB), desde el 4,3% con el que acabó el pasado año, cumpliendo con lo marcado por Bruselas.

Para conseguirlo, los presupuestos han reducido con carácter generalizado todos los renglones de gastos en términos reales. La única partida que crecerá, globalmente considerada, es la relativa a pensiones, al tener un carácter automático por los nuevos pensionistas que se incorporan cada año, que perciben una pensión que es un 30% superior a los que dejan de recibirla.

Y los Presupuestos son restrictivos, a pesar de que el Gobierno prevé un gran aumento de los ingresos fiscales, de hasta el 7,9%, batiendo el récord de recaudación del año 2007. Ese contraste pone de manifiesto el objetivo principal señalado: la reducción del déficit fiscal acordado con Bruselas y la reducción también de la deuda pública con relación al PIB, que se situará en el 99%, un 0,4% inferior al del pasado año.

Esta disminución de la deuda no se va a producir sólo por las políticas restrictivas; la reducción del coste de la propia deuda, está contribuyendo a reducir la carga de intereses. Para este año, el coste ascenderá a más de 32.000 millones de euros, un 3,9% inferior al pasado año, gracias a los bajos intereses. Las emisiones en 2016 soportaron unos ridículos intereses del 0,6%, reduciendo el coste medio de la deuda total del Reino de España hasta el 2,8%.

Sin esos tipos tan reducidos, afrontaríamos muchas más restricciones en todas las partidas, al tratarse del mayor renglón de gasto, después de las pensiones.

Las cifras del presupuesto ponen de manifiesto también la vulnerabilidad de la economía y las reformas que están aún pendientes. Los ingresos fiscales pasarán de representar el 37,9% al 38,2%, todavía siete puntos porcentuales por debajo de la media de la UE. Sin una reforma fiscal en profundidad, nunca nos acercaremos. Adicionalmente, el menor peso tanto de ingresos como de gasto público con relación al PIB, provocan una enorme volatilidad de nuestra economía. Las fluctuaciones del PIB y del empleo son notablemente mayores que en las restantes economías de la UE.

La actividad del sector real que discurre en paralelo a los presupuestos, pone también de manifiesto los actuales límites y posibilidades de nuestra economía. Durante este año 2017, el PIB español recuperará, en términos reales, todo lo perdido durante los años de crisis. Esto es un motivo de celebración. Sin embargo, los datos de empleo del mes de marzo publicados ayer, indican que ese PIB se va a conseguir con 1,5 millones menos de personas empleadas que en el año 2007. 17,9 millones de empleados registrados en la Seguridad Social, frente a 19,5 millones en el año 2007.

Esa brecha pone de manifiesto la gran cantidad de empleo que se creó con escaso valor añadido y que ha sido barrido del mercado durante los años de crisis. Los datos de empleo del mes de marzo indican que el mayor crecimiento se ha producido en la hostelería y la construcción. No es una buena señal de futuro, a la vista de lo que ha ocurrido en el pasado reciente.