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Trabajadores e inversores se movilizan contra la situación de Nueva Rumasa

  • La plantilla exige tres millones en salarios y los compradores de pagarés amenazan con acciones penales por publicidad engañosa

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Han pasado siete días desde que el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero, anunciara que las diez principales firmas del grupo se acogían a la situación preconcursal, y sus empleados ya consideran que si se mantiene la actual dirección será "imposible" salvar la situación. Ante los más de tres millones de euros que se les adeuda en salarios y los cerca de 5.000 puestos de trabajo que integran la plantilla, ésta se movilizará en Madrid el próximo 12 de marzo convocada por CCOO y UGT. Otros de los grandes afectados, los inversores de pagarés y participaciones del grupo estudian ejercitar acciones penales contra el holding empresarial por presunta estafa y publicidad engañosa.

Pese a que no tiene por qué desembocar en una quiebra, la decisión de acogerse a la Ley Concursal, paso previo al concurso de acreedores, trae a la memoria la expropiación de Rumasa cuando hoy se cumplen 28 años. "Aquí ha habido mucho de estafa y mucha usurpación de derechos económicos de los trabajadores y otras personas", dijo Jorge Tomé, secretario de Política Industrial de CCOO, que aseguró que muchos empleados llevan cerca de tres meses sin percibir su salario.

En más de tres millones de euros cifró el secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT, Jesús García Zamora, el importe que debe Nueva Rumasa a los trabajadores de las empresas agroalimentarias, por lo que solicitó a la Dirección General de Trabajo una conciliación para que la empresa reconozca la deuda y se comprometa a abonarla. "Creemos que la actual dirección no tiene ni cualificación ni capitalización para reflotar la compañía", dijo Tomé. El dirigente sindical solicitó que se nombre durante el proceso concursal a un administrador general, con el fin de "pensar en la reactivación" de las fábricas en manos de otros gestores.

Además de los empleados de Nueva Rumasa, hay otro gran grupo de afectados en esta situación preconcursal: los casi un centenar de inversores de pagarés y participaciones del holding. Los abogados del colectivo confirmaron que estudian llevar a cabo acciones penales contra la familia de Ruiz-Mateos. Según aquéllos, la publicidad del grupo daba a entender que se obtendría un rendimiento fijo y que gozaban de una garantía patrimonial suficiente. Pero los inversores denuncian que no han cobrado los pagarés vencidos el pasado 20 de febrero. Ante esta acusación, Nueva Rumasa afirmó ayer que está cumpliendo "escrupulosamente" con el pago a sus inversores particulares y calificó de "absolutamente falso" que se esté dejando de pagar.

Por su parte, la producción en muchos centros de la compañía está paralizada. Es el caso de Royne y de dos plantas de Clesa (en Sevilla y Madrid). En Carcesa, propietaria de Apis y Fruco y fabricante de marcas blancas, la falta de materia prima ha provocado que no se pueda cubrir la demanda. Tetrapack ha dejado de suministrar por impagos a la planta de Cacaolat en Zaragoza, que ha perdido el 45% de sus clientes. Y en Hibramer los transportistas "se niegan" a repartir el producto final.

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