El Gobierno no ha esperado ni un día en trasponer a la legislación española las decisiones alcanzadas el domingo por el Eurogrupo para intentar normalizar los mercados financieros. Con la aprobación de dos nuevos decretos leyes, el Estado avalará las operaciones de financiación de bancos y cajas con 100.000 millones de euros este año y una cantidad aún no determinada en 2009. Eso quiere decir que dará garantía a las entidades para que se presten dinero entre sí, un proceso habitual que ahora está colapsado porque nadie se fía de nadie. Además, el Gobierno podrá adquirir participaciones en las entidades financieras españolas para permitir su recapitalización en caso de que sea necesario, posibilidad que no baraja el Ejecutivo, aunque se saldrá al rescate si el escenario se complica. Las nuevas medidas se suman a la elevación de la garantía de depósitos a 100.000 euros y al fondo de entre 30.000 y 50.000 millones de euros para incrementar la liquidez de los bancos aprobadas el miércoles.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ayer ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros extraordinario que dio luz verde a los dos decretos leyes, que definió como "vitales, esenciales e imprescindibles" para que el sistema funcione. "Sólo un Gobierno profundamente irresponsable dejaría caer su sistema financiero", alertó Zapatero, quien afirmó que será necesario dar tiempo al tiempo porque la situación a la que hemos llegado "ha sido muy grave". Pese a todo, se mostró confiado en que las restantes fuerzas políticas tengan "el sentido de país" necesario y apoyen los decretos durante su tramitación parlamentaria.

En concreto, el Gobierno dará avales a las operaciones de financiación de las entidades residentes en España y a las extranjeras que desarrollen una actividad significativa en nuestro país. Las operaciones de financiación avaladas van desde las emisiones de pagarés a los bonos y obligaciones admitidas a negociación en los mercados secundarios, una tipología que se podrá extender a otros instrumentos como los depósitos interbancarios que, en todo caso, tendrán un plazo máximo de vencimiento de cinco años.

Las entidades que quieran acceder a estos avales deberán cumplir los requisitos que establezca Economía, incluidas las condiciones especiales de solvencia que proponga el Banco de España. El plazo para otorgar estos avales, que obligarán a las entidades a pagar una comisión "que refleje el riesgo que asume el Estado en cada operación", finaliza el 31 de diciembre de 2009 y, para este año, la cuantía máxima será de 100.000 millones.

Zapatero anunció además una segunda medida de carácter "preventivo", enfatizó, que autoriza al Estado a adquirir títulos de las entidades residentes en España que necesiten una recapitalización y reforzar sus recursos propios. El Gobierno tendría así vía libre para comprar participaciones preferentes de los bancos y cuotas participativas de las cajas previo informe del Banco de España y por un periodo que se extiende hasta el 31 de diciembre del próximo año. Zapatero insistió en que esta iniciativa es preventiva, porque "a día de hoy no es necesario poner ninguna cantidad", a diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa.

Zapatero, quien aseguró que la concesión de avales por importe de 100.000 millones este año no supondrá una elevación de la deuda y no tendrá coste para los contribuyentes "si se hacen bien las cosas y el sistema responde", sí admitió que se podría producir una rebaja en la calificación de la deuda española, una amenaza que pende sobre todos los gobiernos europeos, aunque matizó que en el caso español, el bajo nivel de deuda, del 40% (20 puntos por debajo de la media europea), nos permite estar en una situación de ventaja. El jefe del Ejecutivo, que se mostró confiado en que la respuesta coordinada de la UE permitirá respaldar al sistema financiero, pidió un esfuerzo colectivo a los partidos y agentes sociales para superar la situación.

La batería de medidas puestas en marcha por los países de la Eurozona, sobre todo ayer a raíz de la cumbre de París, suma un montante global de 1,7 billones de euros, una cifra que sobrepasa el triple de los 480.000 millones de euros (700.000 millones de dólares) del plan de rescate de EEUU.