Dados los precedentes, no se fían. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que agrupa a unas 200 entidades, reclama a Junta y Administración central que garanticen que las constructoras cobrarán en tiempo y forma por las obras municipales financiadas por el plan Proteja de la Junta y por el plan de inversión municipal del Gobierno central. Ambas medidas suponen una inversión de 1.426 millones de euros en toda Andalucía.

Ponen un plazo: 30 días, que es el tiempo en el que deben pagar ellos a su vez a la subcontrata. Normalmente, en cualquier obra civil, son los ayuntamientos los que más se demoran en los pagos, que suelen tardar entre nueve meses y un año en hacerlo. "Esto significa que las empresas dejan de percibir de media entre un 15 y un 20% de su facturación global", dice el presidente de Ceacop, Tomás Zurano, que agrega que de este volumen "depende la supervivencia de muchas compañías". En esta misma cuestión incide el secretario general, Ignacio Díaz. "La Administración central y la Junta suelen tardar como máximo seis meses, pero los Ayuntamientos se demoran y las entidades financieras no quieren saber nada de ellos. Normalmente los casos se suelen resolver en los juzgados". Los constructores temen que el dinero de los planes de inversión lo empleen los consistorios en solventar las deudas adquiridas. Según una encuesta de Ceacop entre sus asociados, el 35% de los Ayuntamientos andaluces no han abonado al menos una obra iniciada en 2008. La Ley de Contratos del Estado obliga a las administraciones a pagar en un plazo máximo de 60 días.

Otro motivo de preocupación es la picaresca. Por eso Ceacop pide que, en las licitaciones, se premie a las empresas que no destruyan empleo. "Se pueden dar casos de firmas que despidan para volver a contratar, y pedimos que se vigile eso, y que se premie el ratio de facturación, el número de empleados, etc.", dice Enrique Figueroa, vicepresidente ejecutivo.

Más allá de los planes de inversión en los Ayuntamientos, los constructores exigen que se eviten "los pliegos abusivos" de las empresas públicas y que las administraciones liciten siempre aplicando la Ley de Contratos del Estado. También piden que se supriman los llamados gastos financieros derivados de todo el papeleo necesario para licitar y que ascienden, en Andalucía, a unos 40 millones de euros en total.