Tribuna Económica- Joaquín Aurioles

Las cuentas del nuevo Gobierno

  • El Ejecutivo tendrá que hacer malabares para mantener el control de los gastos de pensiones, las prestaciones por desempleo y la deuda pública.

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CON independencia de quien finalmente termine gobernando, el futuro responsable de la hacienda pública tendrá que realizar verdaderos equilibrios para mantener el control de las tres partidas políticamente más sensibles de los presupuestos. La primera es el gasto en pensiones, que en 2016 ascenderá a 132.000 millones de euros, 3.763 más que el pasado año y 22.722 más que en 2011, lo que significa que durante los últimos seis años esta partida se ha venido incrementando a un ritmo anual cercano al 3,5%. Por entonces el fondo de reserva de pensiones se aproximaba a los 67.000 millones de euros, lo que garantizaba una cobertura superior al medio año, pero en 2015 finalizó con 32.485 millones, lo que apenas permitiría satisfacer las necesidades de un trimestre. El fondo se nutre de las aportaciones de los cotizantes, pero cuando éstas no son suficientes la administración de la Seguridad Social se ve obligada a recurrir al fondo. Es lo que ha ocurrido en los últimos años y seguirá ocurriendo en los próximos, mientras que las detracciones sigan siendo superiores a las aportaciones, una relación que forzosamente hay que invertir cuanto antes porque, de seguir al ritmo actual, sólo quedaría fondo para cuatro años.

En segundo lugar está el gasto en prestaciones por desempleo, una de las partidas que más puede cambiar, según quien gobierne. Para 2016 el Gobierno pretendía situar esta partida por debajo de los 20.000 millones, reduciendo 5.500 millones con respecto a lo presupuestado para 2015. Suena a ajuste duro, pero la realidad es que el gasto ejecutado durante el pasado año quedó finalmente en 20.619 millones de euros, aunque con una caída en el número de beneficiarios, actualmente ligeramente por encima de los 2,1 millones, y un descenso de 2,5 puntos en el porcentaje de desempleados cubiertos por el subsidio, actualmente 55,2% del total.

Por último la deuda pública, que desde mayo de 2014 es superior al billón de euros. España figuraba entre los países más saneados de Europa por este concepto (por debajo de los 400.000 millones de euros a mediados de 2008, cuando se desencadena la crisis internacional), pero desde entonces no ha dejado de aumentar hasta llegar a representar el 100% del PIB. Cada español debe 22.875 euros, que son 179 más que hace un año, pero lo más desconcertante es que, a pesar de los recortes, no se consigue frenar su crecimiento. Otros países lo están consiguiendo, entre ellos algunos especialmente vulnerables como Grecia, Portugal o Irlanda, y la clave está en la eliminación del déficit. La regla es relativamente sencilla, aunque su aplicación práctica debe ser bastante más difícil. Dejaremos su explicación para otro día, pero recordemos que este año habrá que dedicar 33.490 millones de euros a pagar intereses y 84.303 millones para atender vencimientos, a pesar de los cual se prevé un nuevo aumento del endeudamiento en 53.000 millones. Como puede intuirse, si no estuviésemos tan endeudados y pudiera disponerse de esta enorme cantidad de recursos sería relativamente fácil eliminar la principal amenaza financiera sobre el país: la sostenibilidad del sistema de pensiones.

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