El futuro de las pensiones

  • Algunas de las recomendaciones de los organismos internacionales podrían provocar en realidad el agotamiento del sistema · La única alternativa políticamente viable es aumentar la edad media de jubilación

SI los actuales problemas de los fondos privados de pensiones son estrictamente de rentabilidad, asociados al rendimiento de los activos -que han perdido una cuarta parte de su valor el pasado año- los públicos están ligados a la sostenibilidad, provocados por el envejecimiento de la población y la reducción de la edad de jubilación, en un sistema en el que las cantidades cotizadas presentan una débil relación con la prestación que más tarde se percibe.

De manera insistente, organismos nacionales e internacionales realizan recomendaciones para mejorar la viabilidad del sistema público. Sin embargo, en un reciente y exhaustivo trabajo, los profesores Díaz Jiménez y Díaz Saavedra han demostrado que algunas de esas recomendaciones, en realidad, empeoran a medio plazo la viabilidad del sistema en España, agotando el Fondo con mayor rapidez.

En particular, una extensión del periodo de cotización para el cálculo de la pensión desde los actuales 15 años hasta 30 o la consideración del ingreso medio generado durante toda la vida laboral de los trabajadores -reformas que reclaman los organismos y diversos trabajos de investigación- empeorarían de manera significativa la sostenibilidad del sistema público de pensiones en las dos próximas décadas.

Puede parecer paradójico, pero la lógica del comportamiento de los trabajadores que se encuentran al final de su vida laboral lo despeja. Un alargamiento del periodo de cálculo implica una reducción de la base de cotización, puesto que se obtiene un mayor salario al final de la vida laboral que al principio. En consecuencia, la pensión que se perciba sobre una base cotizada menor será también más pequeña.

Este resultado daría lugar a que muchos de los trabajadores que se jubilaran pasarían a percibir la pensión mínima. Dado que la jubilación anticipada no está penalizada cuando se va a percibir la pensión mínima, esto es, no se va a percibir una pensión menor que la mínima, la mayoría de esos trabajadores -por no decir la totalidad- tendrían un fuerte estímulo para jubilarse anticipadamente, con lo que inmediatamente aumentaría el número de pensionistas, el gasto en pensiones y la reducción del número de cotizantes. El efecto sobre el sistema en su conjunto se materializaría en una aparición del déficit en el año 2012 y el Fondo se agotaría en el año 2026. La actual crisis, está adelantando aún más esas fechas.

Este adelanto en la aparición del déficit y en el agotamiento del Fondo, tendría un efecto permanente. Además, sería tanto más intenso cuanto más próximo estuviese el salario mínimo a la pensión mínima. De hecho, si esto sucediera, desaparecerían del mercado de trabajo todos los empleados que no tuvieran cualificación elevada y fueran mayores de 60 años. No obstante, a más largo plazo, la reforma señalada mejoraría ligeramente la situación financiera de las pensiones públicas, aunque, en todo caso, el sistema continuaría siendo fuertemente deficitario.

En un modelo en el que los agentes afectados son números pero no personas, es posible plantear un sistema de penalización, por el que se percibiría una pensión (mínima) menor si la jubilación se produjera antes de la edad legal, 65 años. Este tipo de medidas no son políticamente viables. Tampoco lo sería desde un punto de vista de justicia distributiva rawlsiana, por la que se intentara mejorar las condiciones de aquéllos que menor renta percibieran.

La única medida políticamente viable para hacer sostenible al sistema sobre una base permanente -además de la extensión en el periodo de cálculo señalado- es la de incrementar la edad media de jubilación, de manera que se prolongue el periodo de cotización. Esta medida implicaría reformas legales para elevar la edad mínima de percepción. Además, deben vigilarse estrechamente las reestructuraciones sectoriales y de grandes empresas porque en épocas de crisis -ya sucedió en la década de los ochenta- se producen incorporaciones masivas al sistema de pensiones de empleados con edades muy inferiores a la edad mínima de jubilación establecida.

Adicionalmente, el método de cálculo de actualización de las pensiones seguido en nuestro país exige también una modificación, como el Banco de España ha reclamado reiteradamente. Las subidas de pensiones se llevan a cabo sobre una previsión de inflación. Si ésta es mayor que la prevista, se produce un incremento adicional, pero si es menor, no se revisa a la baja. De esta forma existe un sesgo, sistemáticamente alcista, en la determinación de las pensiones a percibir, empeorando la sostenibilidad del sistema.

Pero todo lo anterior no es suficiente para asegurar la viabilidad financiera de las pensiones. Cuando el Fondo de Reserva adquiere un tamaño considerable (en España alcanza los 50.000 millones de euros) la rentabilidad de las inversiones del propio Fondo resulta relevante. La rentabilidad varía con el propio ciclo económico ligado a los mercados de capitales. Debería introducirse un elemento variable (aunque moderado) en las pensiones percibidas, que dependiese de la propia rentabilidad del Fondo público. Suecia y Alemania ya lo han introducido.

España, con una población que está envejeciendo a un ritmo acelerado y una tasa de ocupación menor que los países de nuestro entorno, necesita reformar profundamente el sistema público de pensiones, adoptando las medidas no populistas que los países más avanzados ya han incorporado.

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