La presidenta del tribunal, Carmen Paloma González, ha convocado para el 27 de marzo a los acusados y al resto de las partes al recinto de la Casa de Campo donde se juzgó a los imputados para la lectura y notificación del veredicto final.

El tribunal ha tomado esa decisión "visto el estado de las presentes actuaciones, una vez deliberada la sentencia y dada la proximidad de su definitiva redacción".

El caso Gescartera quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre, después de tres meses y 40 sesiones de juicio oral, en las que declararon 14 imputados, un centenar de testigos y más de una decena de peritos para formar el fallo del tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción, que finalmente redujo a 12 el número de imputados, considera a Antonio Camacho y al número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, como principales responsables de la apropiación de 50,22 millones de euros de los inversores, cuya responsabilidad civil subsidiaria podrían costear La Caixa y Caja Madrid Bolsa.

Por ello, el fiscal Vicente González Mota pidió once años de cárcel para Camacho y Ruiz de la Serna, respectivamente. En esta línea superior de responsabilidad colocó también al responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, pues, además de apropiarse del dinero, cometió supuestamente al igual que el resto un delito de falsedad documental.

Tras estos tres imputados, en un segundo escalón situó a la ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez Reyna, al jefe de Mantenimiento Miguel Angel Vicente y el apoderado Javier Sierra de la Flor, para quienes el Ministerio Público ha solicitado ocho años de cárcel.

En un tercer estadio estarían, según el fiscal, los asesores tributarios Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil, además de Inmaculada Baltar, para quienes González Mota pidió seis años de prisión, al participar con su acción en la apropiación indebida.

En último lugar, se situarían, por complicidad, tanto el empresario Carlos Ortín Barrón, como los empleados de La Caixa, Alfonso Castro Mayoral y Carlos Prats, para quienes solicitó tres años de cárcel, al colaborar con sus acciones en la estafa y el encubrimiento de las cuentas a la CNMV.

La agencia de valores fue intervenida por la CNMV a mediados de junio de 2001 al detectar un agujero patrimonial.