Llega marzo y con él se inicia un nuevo proceso de escolarización. A partir de este miércoles los padres tienen hasta el día 31 para solicitar plaza para sus hijos en los centros sostenidos con fondos públicos de cara al próximo curso escolar. El descenso de la natalidad a consecuencia de la crisis sufrida los últimos años ha provocado también efectos en dicho trámite. Debido a esta bajada, como ya ocurrió en 2016, la Junta disminuirá la oferta de puestos, una merma que no ha estado libre de polémica ante el intento del Ejecutivo andaluz de que la sufran por igual las escuelas públicas y concertadas.

Comienza uno de los procesos más arduos a los que se enfrenta la Administración autonómica cada año, una labor que recae sobre las delegaciones territoriales de Educación, competentes en dicho ámbito. A falta de datos oficiales, que serán aportados los próximos días por los responsables políticos, se prevé una bajada en la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos como consecuencia del descenso de la natalidad. No en vano, desde que estalló la crisis la población de tres años -edad con la que se accede a un colegio- se ha reducido en la provincia de Sevilla en 5.000 niños. Una merma que, trasladada a las escuelas, supuso que este curso se iniciara con 55 aulas menos que el anterior.

Tener un hermano en un colegio es la condición que más se valora, con 16 puntos

El conflicto surgió a principios de año cuando la Junta anunció que la caída de la oferta debían sufrirla "a partes iguales" la concertada y la pública. Fue entonces cuando diversas patronales de los centros privados sostenidos con fondos públicos alzaron la voz para exigir que se respetase la demanda que registraban sus aulas. Hasta tal punto llegó la disconformidad con la medida anunciada por el departamento que dirige Adelaida de la Calle que Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) convocó una manifestación en diversos colegios sevillanos el miércoles 8 de febrero. Tras esta protesta, la consejera cambió el discurso y habló entonces de "cambios mínimos".

A partir de entonces, surgió el acercamiento entre la Junta y las patronales, un diálogo en el que se ha necesitado, incluso, la intermediación de la jerarquía eclesiástica. En principio, en la provincia se perderían seis unidades concertadas. El barrio más afectado es Amate, en el que Altair dejaría de tener subvencionada una unidad de Infantil y dos de Bachillerato (primer y segundo curso), mientras que el Pablo VI perdería otra de Primaria. En Nervión, la escuela de segundo ciclo de Infantil El Trébol perdería el concierto, y los Salesianos de Utrera dejarían de recibir fondos públicos para una línea de Infantil. La delegada territorial de Educación, María Francisca Aparicio, no ha querido adelantar cuántas unidades públicas se perderán el próximo curso.

En el caso de que un centro reciba más peticiones que plazas, se aplica la baremación para ocupar un puesto. Poseer un hermano en el centro es la condición más valorada, con 16 puntos.