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Andalucía, pendiente del 21-D

  • Las elecciones catalanas darán paso en 2018 a una doble negociación del modelo territorial español y de la financiación autonómica para las que el Gobierno andaluz ya se está preparando

Susana Díaz se reunió con Artur Mas, siendo éste presidente de la Generalitat, en Barcelona en febrero de 2014.

Susana Díaz se reunió con Artur Mas, siendo éste presidente de la Generalitat, en Barcelona en febrero de 2014. / andreu dalmau / efe

La crisis catalana ha encontrado un cauce para la descompresión, no se trata de una solución permanente, pero nos hemos alejado del acantilado. El vértigo del vacío va desapareciendo, pero en el horizonte ya se presume una negociación entre Cataluña, el Estado y el resto de comunidades.

La convocatoria de las elecciones para el 21 de diciembre ha sido aceptada, incluso, por quienes se oponen a la aplicación del artículo 155. Esquerra Republicana (ERC), que es el partido con mayores opciones para gobernar, ha asumido que la vía unilateral ha sido un fracaso: no se puede tener en contra a la mitad de la población, al Estado y a la comunidad internacional. La vía Puigdemont para mantener la república desde el exilio es otro fracaso, pero adornado de ridículo. Si después de las elecciones de diciembre, hay un Gobierno catalán proclive a la negociación con el Estado, ya hay dos foros abiertos para encauzar la negociación: la subcomisión territorial del Congreso -germen de la reforma constitucional pactada por Rajoy con el socialista Pedro Sánchez- y la comisión para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica. El Gobierno andaluz permanece atento, callado por prudencia ante el 21-D, pero preparando la gran negociación que se vislumbra para 2018 sobre el futuro de España.

El PSC ha logrado salir de la crisis catalana con jirones, pero con mejores expectativas. Miquel Iceta es el único candidato al 21-D que es capaz de moverse en el campo españolista y en el catalanista, a izquierda y en el centro. Crecerá, aunque es difícil que sea determinante en la formación del nuevo Govern, si tal como parece los comunes saldrán en ayuda de ERC. Pero desde el PSOE se mira a los compañeros catalanes de otro modo. El líder Pedro Sánchez hará poca campaña, tres o cuatro mítines, no más, por lo que la andaluza Susana Díaz tampoco va a volcarse esta vez. Su papel es aún más difícil, porque no puede dar la imagen de que sus reivindicaciones andaluzas obedecen a su rivalidad con Pedro Sánchez -muchos lo entienden así en su partido-, pero no puede permanecer pasiva. Digamos que espera a que se abran las negociaciones a nivel nacional.

Lo que sí va a comenzar a promocionar el Gobierno andaluz es un foro, reducido, de economistas y profesores expertos en financiación autonómica que arme un argumentario técnico para defender ante Madrid que Andalucía está mal financiada. No va a ser difícil. Lo está, aunque también le ocurre a la Comunidad Valenciana y a Baleares. La financiación de las autonomías es un asunto complejo porque los intereses son dispares, pero en esta ocasión se complica con la negociación paralela del modelo territorial de España para encajar a Cataluña. Estas dos líneas serán convergentes, y es posible que encuentren un mismo foro de debate. Pero Cataluña sola no puede decidir una solución junto al Gobierno central, intervendrán el resto de autonomías y, en especial, Andalucía.

Estos son los escenarios de posibles negociaciones. En el caso de que Mariano Rajoy decida agotar al máximo la legislatura, 2018 y 2019 serán años de negociación. Susana Díaz tendrá que convocar las suyas en marzo de 2019 como muy tarde.

Particularidad catalana

Cuando desde el soberanismo y el catalanismo moderado se habla de buscar el "encaje" de Cataluña en España no se habla de otra cosa que del particularismo catalán. Es decir, se defiende que Cataluña, y sólo Cataluña, debe tener una relación especial con el Estado. Es el federalismo asimétrico que defendió Pasqual Maragall y que entronca con el movimiento identitario que aparece en forma de picos en esta comunidad desde hace tres siglos. Se asienta en toda una escuela jurídica historicista muy trabajada en el Principado. Esa misma idea es la de una España como nación de naciones, que es un proyecto de singularidad para País Vasco, Cataluña y Galicia. En los últimos tiempos, y como consecuencia de la crisis catalana, también ha habido una parte del Gobierno del PP que cree en ese tipo de solución; entre éstos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el ex ministro García-Margallo. La particularidad puede ser política o económica, o ambas a la vez.

Singularidad política

Es el aspecto que menos rechazo provocaría en otras comunidades y en el Gobierno andaluz. La Junta ha asumido que no necesita más competencias, ni va a pedir las de instituciones penitenciarias ni las de la policía autonómica, que sí las tiene Cataluña. Es más, no le importaría devolver las de la administración de justicia. Incluso, se acepta que la Generalitat pueda desarrollar otras competencias relacionadas con la lengua propia. Por tanto, no hay problemas en una asimetría en la asunción de competencias, como ya la hay.

Pero cuando en Cataluña hablan de singularidad no buscan más competencias, que también, sino el establecimiento de una relación bilateral con el Estado en determinadas materias. Unos le llamarían relación federal, aunque más bien se busca un tipo de solución confederal para algunas materias. Por eso se insiste en el reconocimiento de la nación catalana como sujeto de soberanía. Si se desarrolla este concepto, si se aceptase en extremo, se llevaría a un marco donde en efecto es posible un referéndum de autodeterminación. El PSOE de Pedro Sánchez sí acepta la inclusión del término "nación" para definir a Cataluña, aunque con unas restricciones jurídico-políticas importantes porque la soberanía nacional sólo sería la española. No cabe, por tanto, el llamado derecho a decir, que sí defiende Podemos. El PSOE andaluz no comparte el criterio de nación para ninguna otro comunidad.

Esto último, la relación propia de Cataluña con el Estado, va a ser el campo de batalla de la reforma territorial que abriría el cambio constitucional. El País Vasco ya goza de esta singularidad, porque la disposición adicional primera reconoce los derechos forales y su actualización. De ello se deduce el concierto vasco y el navarro.

Singularidad económica

El independentismo catalán utilizó al déficit fiscal de su comunidad con el resto de España como eje de una campaña total, cuyo lema fue el España, nos roba. Como solución, el ex presidente Artur Mas propuso a Mariano Rajoy un pacto fiscal catalán, una suerte de concierto, aunque después se elducoró como acuerdo fiscal. La mayor parte de los partidos catalanes, a excepción de Ciudadanos, lo ha apoyado en algún momento de su historia, incluido el PP en el mandato de Alicia Sánchez-Camacho.

Para el Gobierno andaluz, ésta sería la línea roja, por cuanto defiende que todos los españoles tiene derecho al mismo nivel de servicios con independencia del territorio donde vivan. La reforma de financiación autonómica que va a proponer el Gobierno andaluz defiende el cálculo de un coste social promedio que debería ser igual para todas las comunidades.

Algunas diferencias sí fueron aceptadas en su día por una parte del PSOE e, incluso, del PP, como es el concepto de ordinalidad. Mediante éste, ninguna de las comunidades que más aportan al Estado con los recursos de sus ciudadanos podían encontrarse en los primeros puestos de las autonomías con menos recursos una vez producido el reparto. Es decir, que el orden de los contribuyentes netos debería ser respetado al producirse el reparto. Finalmente, esto quedó en entredicho en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

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