Desafío secesionista en Cataluña

Artur Mas pide aportaciones a los catalanes para pagar los 5,25 millones de fianza por el 9-N

  • Reconoce que sin éstas aportaciones no podrán hacer frente a la multa del Tribunal de Cuentas pero ha apuntado que las aportaciones también deberán servir para "las consecuencias del 1-O"

El Tribunal de Cuentas reclama a Artur Mas 5,2 millones por organizar el 9-N

El ex presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha pedido a los ciudadanos de esta comunidad autónoma que hagan aportaciones a la "caja de solidaridad" para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas le ha impuesto a él y a otros tres ex cargos de la Generalitat y que suman 5,25 millones de euros. Hasta ahora, la recaudación de ANC y Òmnium suma dos millones de euros.

Así lo ha pedido Artur Mas en una entrevista en Rac 1, en la que también han participado la ex vicepresidenta Joana Ortega y los ex consellers Francesc Homs e Irene Rigau, los cuatro inhabilitados por la consulta del 9-N y a los que el Tribunal de Cuentas les exige el pago de fianzas.

Todos ellos han emplazado a la sociedad catalana a seguir realizando aportaciones a la "caja de solidaridad" habilitada por las entidades soberanistas para poder hacer frente a las multas derivadas por la organización tanto de la consulta del 9-N como a las eventuales sanciones que se deriven del referéndum del 1 de octubre.

Mas ha reconocido que sin éstas aportaciones no podrán hacer frente a la multa del Tribunal de Cuentas pero ha apuntado que las aportaciones también deberán servir para "las consecuencias del 1-O".

Este lunes, las entidades soberanistas, ANC y Òmnium, informaron que han recaudado cerca de dos millones de euros para su Caja de Solidaridad, que debe servir para sufragar las acciones del Estado contra el independentismo que conlleven penas económicas.

El exconseller de la Presidencia Francesc Homs ha considerado que la sentencia del Tribunal de Cuentas es "un despropósito" pero cree que existe margen para recurrirla a instancias europeas y conseguir una eventual anulación.

Así, ha afirmado que la sentencia es "ilegal" desde el punto de vista formal y ha añadido que está pisando sus derechos individuales.

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