El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido su competencia para investigar la primera querella interpuesta por delitos de terrorismo y desaparición forzada contra nueve miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias presentada en España en nombre y representación de la hermana de nacionalidad española de una víctima del conflicto sirio y que denunciaba la detención ilegal, tortura y ejecución de su hermano en el año 2013.

En un auto conocido este lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que los hechos denunciados podrían ser susceptibles de delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada y admite la querella pese al criterio de la Fiscalía, que consideraba que la Audiencia Nacional no era competente para investigar estos hechos tras la reforma que limitó la Justicia Universal.

El magistrado acuerda que se notifique la querella interpuesta por el equipo de abogados internacionales de G37 el pasado mes de febrero a los nueve miembros de la fuerza de Seguridad a través de comisión rogatoria a dicho país y cita además a declarar el próximo 10 de abril como testigos a la mujer que presentó la querella, Amal Hag-Hamdo Anfalis, y a un testigo conocido como César, antiguo policía militar forense sirio que sería quien habría realizado las fotografías de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal.

También están citados otros tres testigos para el 9 de mayo. El equipo de abogados internacionales de G37 interpuso ante la Audiencia Nacional lo que constituyó la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las Fuerzas de Seguridad del estado sirio. En el escrito acusaban al Estado sirio, liderado por el presidente Bashar al-Assad, de cometer a través de sus Fuerzas de Seguridad e inteligencia, delitos de terrorismo contra la población civil.

En su resolución, el magistrado interesa de Eurojust que proceda a averiguar si existen denuncias e otros países de la Unión Europea que investiguen desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra, terrorismo y delitos de lesa humanidad realizados por estructuras o personas pertenecientes a la Administración de Siria.