El Pacto de Estado contra la violencia de género salió ayer del Parlamento, con el voto afirmativo de todos los partidos, excepto Podemos y EH Bildu, que se abstuvieron, y con la exigencia de los grupos al Gobierno de que garantice el presupuesto de las 213 medidas que se plantean.

Dentro de dos meses, el pacto debería estar ya en marcha, tiempo en el que Gobierno tiene que trasladar su contenido a las comunidades autónomas, entes locales, partidos, Administración de Justicia, sindicatos y asociaciones. Prevé un presupuesto de 1.000 millones de euros durante cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales dentro de los Presupuestos del Estado.

El pacto fue respaldado en el Pleno del Congreso con los votos favorables de 278 diputados y la abstención de 65. Una sesión en la que ha estado presente Ruth Ortiz, la mujer de Córdoba cuyos hijos fueron asesinados por su ex marido, José Bretón, y de otras víctimas y mujeres de asociaciones feministas, invitadas por el grupo socialista. El PSOE logró consensuar con los grupos la reforma de la ley integral para que las madres de hijos asesinadas por sus parejas sean consideradas víctimas de violencia machista. A Ortiz se dirigieron algunos diputados e incluso lo hizo la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que calificó el día como "histórico".

Durante el debate, se instó insistentemente a la unanimidad, al considerar el pacto histórico y útil en la lucha contra la violencia de género, aunque Podemos decidió mantener la abstención por ser "insuficiente" y no estar garantizadas presupuestariamente las medidas.

Otros grupos, como el PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto, reclamaron también al Gobierno que disponga las partidas necesarias para que puedan aplicarse todas las medidas. La diputada socialista, Ángeles Álvarez, recordó al Ejecutivo que para desarrollarlas "no cabe una gestión relajada, ni recortes de fondos" y propuso habilitar un crédito extraordinario no inferior a un quinto de la partida de los 1.000 millones previstos para cinco años, si los Presupuestos para el año que viene se prorrogan.

Sofía Fernández, una de las portavoces de Podemos, justificó la abstención porque el acuerdo "es de mínimos, no es feminista y no soluciona el problema". "No nos vale porque no tiene garantías. No sabemos cuánto dinero va a poner el Gobierno porque no va a los Presupuestos del Estado de momento", argumentó. La ampliación de la definición de violencia de género es una de las propuestas. Ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o ex parejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.