Balance de la legislatura (iii) Modelo territorial

El 'Estatut' tira del carro territorial

  • Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Castilla y León se subieron al tren de la reforma catalana que desempolvó el dilema identitario y redefinió la financiación autonómica despertando fuertes tensiones

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Atrapado por una promesa electoral que lanzó en plena campaña catalana de 2003 -"apoyaré el Estatuto que salga del Parlament"-, Zapatero se vio abocado a adentrarse en la imprevisible senda territorial donde el Estatut, que funcionó a modo de espejo en el que se miraron el resto de reformas estatutarias, fue la primera piedra de una empinada travesía que solapó la actividad del gabinete socialista. Bendecido por el PSC, satélite del PSOE en Cataluña, el Estatut inició su andadura en julio de 2005 alcanzando siete meses después la meta del Congreso tras sortear numerosos socavones, provocados por los continuos choques entre CiU, ERC y PSC, que por milímetros no hicieron descarrilar una reforma que los nacionalistas convirtieron en una competición para exhibir músculo independentista.

El trámite obligaba a que el Estatut fuera aprobado en primera instancia por el Parlament, para lo cual era necesario que CiU (oposición), ERC, PSC e ICV (tripartito) coincidieran en el sentido del voto, y posteriormente por el Congreso, donde el consenso entre oposición y tripartito en Cataluña estalló en mil pedazos cuando Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, pactaron un "acuerdo global" sobre el texto a espaldas del PSC y ERC, que motivó el no de Esquerra pero no impidió su aprobación en las Cortes.

La controvertida reforma catalana, que actuó como resorte de las aspiraciones de Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla y León -el estatuto valenciano fue el primero que aterrizó en el Congreso aunque también se subió al vagón de los avances del Estatut con efecto retroactivo-, engendró fuertes tensiones que se condensaron en un alud de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), del PP, que votó en contra ante la "amenaza de que el Estado se vacíe de competencias", y de autonomías del mismo signo: uno de los siete recursos presentados contra el Estatut, que de prosperar podrían recortar el texto, es socialista (Aragón).

Detonante del España se rompe del PP, el Estatut rompió con lo establecido introduciendo nuevos derechos y redefiniendo la financiación autonómica y las relaciones con el Estado. De todos los apartados el que más suspiciacias levantó fue el dilema identitario, la parte más célebre del debate territorial que acabó por acapararlo.

El término nación, incluido en el Estatut, desempolvó viejas aspiraciones identitarias: Andalucía se definió como "realidad nacional", Valencia, Baleares y Aragón como "nacionalidad histórica" y Castilla y León como "comunidad histórica". Otra de las novedades que aportó el Estatut fue la incorporación de un paquete de derechos y deberes. Entre los más sobresalientes destacó el derecho a una muerte digna, que desató una fuerte polémica en que la Iglesia tomó parte.

La financiación autonómica, uno de los grandes escollos en la tramitación en el Congreso, navegó a contracorriente del principio de solidaridad del sistema de financiación vigente -válido para todas las comunidades excepto para el País Vasco, Navara, Canarias, Ceuta y Melilla-, que asegura las prestaciones básicas para los ciudadanos y compensa los niveles de riqueza entre territorios.

La Generalitat se atribuyó también la potestad de crear nuevos impuestos y recaudar los existentes asegurándose del Estado un porcentaje de la inversión total en infraestructuras equivalente al peso de Cataluña en el PIB y estableciendo, además, una relación exclusiva con la Administración central. El resto de estatutos adaptó esta cláusula alterando el criterio en función de la opción que le proporcionara más dividendos. Así, Andalucía condicionó la inversión del Estado al peso poblacional.

El referéndum del próximo 28 de octubre anunciado por Ibarretxe resucitará la próxima legislatura el problema vasco, el gran dilema territorial, que estos cuatro años ha estado a la sombra del Estatut.

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