La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha encomendado a la Guardia Civil investigar si el Gobierno catalán ha iniciado los preparativos para un referéndum de independencia y le ha pedido que requiera a la Generalitat los expedientes sobre la publicidad institucional relativa al registro de catalanes en el exterior.

Según fuentes jurídicas, la Guardia Civil tiene ahora en sus manos esta investigación, que se une a la pedida por la Audiencia Nacional sobre entidades o empresas que presuntamente están colaborando con el proceso independentista.

El Ministerio Público también indaga sobre las empresas que colaboran con el 'procés'

El Ministerio Público abrió a finales del mes pasado diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales con relación a la supuesta preparación de un referéndum independentista, a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el "registro de catalanes y catalanas en el exterior" que algunos partidos de la oposición creen que incitaba a participar en una consulta de independencia.

El anuncio forma parte de una campaña institucional en medios de comunicación lanzada por la Generalitat para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior, con el lema: ¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?, junto a una fotografía de una tableta electrónica en la que aparece el mapa catalán y la pregunta ¿Sí o no?, en letra negrita.

Una de las primeras diligencias que la Fiscalía ha encargado a la Guardia Civil es requerir a la Generalitat los expedientes relativos a dicha publicidad institucional, con el fin de averiguar su coste y los detalles de la contratación, han informado las mismas fuentes.

Además de estas pesquisas, el Instituto Armado también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del año pasado a entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana. En el marco de estas diligencias, la Fiscalía, que investiga posibles delitos de sedición y malversación de caudales públicos, ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalitat en relación a la puesta en marcha de esas estructuras.