El Gobierno pide una investigación sobre la participación de escolares en las manifestaciones del 1-O

  • Pide un expediente sobre las cartas que algunos directores de centros educativos catalanes han enviado a los padres de los alumnos para que estos puedan participar en las protestas.

Manifestantes independentistas en Barcelona. Manifestantes independentistas en Barcelona.

Manifestantes independentistas en Barcelona. / EFE

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se dirigió ayer a la Alta Inspección de Educación para que abra un informe sobre la movilización de escolares para participar en concentraciones y actos de apoyo al referéndum del 1-O en Cataluña. Méndez de Vigo explicó al término del Consejo de Ministros que ha tomado esta decisión tras conocer por los medios de comunicación noticias relativas a que algunos profesores habían dado consignas a estudiantes para que no fueran a clase sino a manifestarse delante de edificios públicos. "He pedido a la Alta Inspección que abra un expediente informativo para darme cuenta de qué es lo que ha sucedido". Como ministro de Educación, Méndez de Vigo expresó su "respeto por la labor de docentes" ya que considera que el sistema educativo "descansa sobre su compromiso, sobre su voluntad y vocación". Pero también subrayó que "la labor de los profesores no es el adoctrinamiento" ni coger "a unos niños de poca edad y llevarlos a manifestaciones".

La petición del ministro a Alta Inspección de Educación es paralela a la comunicación que la delegación del Gobierno de Cataluña dirigió ayer a los directores de todos los institutos de secundaria de Cataluña advirtiéndoles que si autorizan, de forma "incluso tácita", la celebración de "actos ilegales convocados por la Generalitat el 1-O" pueden caer en "responsabilidades penales". En una carta, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, avisa a los directores de los institutos que entre estas actuaciones se encuentra el "poner a disposición de autoridades o terceros las llaves o códigos de acceso a los locales".

Millo recuerda que, en caso de colaborar con el 1-O, los directores pueden cometer los delitos de "prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos, sin perjuicio de responsabilidades de otra naturaleza". El texto señala que a los directores de los centros no les "eximirá de estas responsabilidades" el hecho que la actuación responda al "cumplimiento de eventuales instrucciones dictadas por cualquier autoridad política o administrativa".

La delegación del Gobierno manifiesta "la importancia del necesario y debido cumplimiento de la resoluciones del Constitucional, así como la necesidad de mirar por el adecuado ajuste al ordenamiento jurídico de la actividad y funcionamiento del centro" escolar.

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