Arraigo familiar, arraigo social y arraigo laboral. Son las tres nuevas figuras que contempla el borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, que ha llegado con ocho meses de retraso. Mediante la primera, los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española obtendrán un permiso de residencia temporal. A través de la tercera, la autorización será para los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que demuestren la existencia de relaciones laborales de no menos de seis meses. Podrán acogerse al arraigo social quienes acrediten su integración social, además de la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años y un contrato de trabajo firmado por el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año.

Con un retraso de ocho meses, provocado por el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración, llega el borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería.

Entre las tres nuevas figuras que presenta se encuentra el arraigo familiar. Mediante ella se regularizará la situación de los extranjeros con hijos menores con nacionalidad española. Eso sí, "siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización". Asimismo, se otorgará este arraigo cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.

El arraigo laboral es la segunda de las novedades. Para acogerse a ella, hay que carecer de antecedentes penales en España, en su país de origen o en los países en los que hayan residido durante los últimos cinco años y deben demostrar la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

Por último, obtendrán la residencia temporal aquellos extranjeros a los que se conceda el arraigo social. En este caso, el Gobierno también pedirá que carezcan de antecedentes y aceptará informes que acrediten su integración social.

Estos informes corresponden a la comunidad en la que el solicitante en cuestión tenga su domicilio habitual, aunque la mayoría de las autonomías han decidido delegar esta responsabilidad a los ayuntamientos, a pesar de la demanda de varios consistorios catalanes. Anna Terrón, secretaria de Estado de Inmigración subrayó que el informe consistorial no puede ser vinculante "porque sería como decir que el Estado renuncia a sus competencias en materia de extranjería". Su ámbito es "claramente supramunicipal".

La secretaria de Estado definió los arraigos como "un remedio jurídico a una situación de irregularidad". De cualquier manera, puntualizó que se trata de asuntos inusuales: "En el Reglamento se encuentra bajo el epígrafe de 'residencia por circunstancias excepcionales'". El borrador del Reglamento es un texto con 264 artículos que inició este martes un periodo de alegaciones. Terrón indicó que el borrador definitivo estará terminado en, "aproximadamente, dos meses", tras las aportaciones de los interlocutores sociales y el informe del Consejo de Estado.

Las maltratadas tendrán un permiso de cinco años

"En este país no se expulsa a las maltratadas", dijo Anna Terrón. Hacía referencia a uno de los puntos que contempla el borrador, que eleva la protección a las extranjeras víctimas de violencia de género. Si denuncian y la sentencia condena al maltratador, se les otorgará un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años.

Durante ese tiempo, seguirán pudiendo acceder a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud. También recibirán autorización de residencia sus hijos menores y un permiso de trabajo los mayores de 16 años.

Sin embargo, si la sentencia es no condenatoria o en la resolución se indica que la mujer no ha sido maltratada, se denegarán las autorizaciones (a la denunciante y a sus hijos). Automáticamente, se reanudará el proceso sancionador en materia de extranjería (expulsión), inicialmente suspendido.