La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el ex alcalde de Móstoles y actual diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz es responsable de posibles delitos de cohecho y fraude por influir para que Cofely lograra un concurso público valorado en 75 millones de euros. Así consta en un informe remitido por los investigadores de la Guardia Civil en septiembre de 2015 al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que aparece en los tomos de la trama Púnica sobre los que se ha levantado el secreto sumarial.

La investigación de la UCO revela que Ortiz, que es aforado, influyó en la adjudicación del contrato millonario a Cofely, una multinacional de servicios energéticos y uno de los centros de la trama Púnica, "independientemente de cuál fuese la oferta económica más ventajosa a cambio del pago de notorias comisiones a cargos públicos vinculados al Consistorio de Móstoles".

El informe remitido al juez describe "el concierto urdido" entre 2013 y 2014 entre Ortiz, el ex concejal de Medio Ambiente de Móstoles Alejandro Utrilla y los directivos de Cofely Pedro García Pérez y Constantino Álvarez de la Cueva, para influir en el devenir del concurso público sobre el suministro, servicios energéticos y mantenimiento de los edificios municipales y centros educativos de Móstoles. El precio de licitación ascendía a 75.018.518,42 euros (IVA incluido) y, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, el alcalde y el concejal habían adquirido un compromiso previo para concederlo a Cofely, incluso antes de la publicación del contrato.

El concierto con Cofely no siguió el patrón con el que la trama actuaba en otros municipios, donde se le creaban los pliegos de condiciones ad hoc, sino que en este caso se pusieron trabas a los competidores, de forma que finalmente se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el concurso a la empresa que querían que lo ganase. Según los investigadores, la empresa Fulton fue la que mayor número de mejoras presentó para lograr el contrato, pero, a pesar de que había demostrado su solvencia económica, el alcalde se reunió con el concejal responsable, David Sánchez, para mostrarle su preocupación por una posible falta de capacidad económica para asumirlo.

Así, sostiene la UCO que "la influencia" de Ortiz junto con la complicidad de Utrilla habrían motivado que David Sánchez propusiera la opción de requerir a los licitadores una nueva justificación de su solvencia y capacidad de endeudamiento para afrontar las inversiones. En las comunicaciones intervenidas a los directivos de Cofely se averiguó que ese requerimiento era en verdad "el artificio del que pretendían valerse los cargos públicos para desestimar arbitraria e intencionadamente" la oferta de Fulton, el mejor competidor de Cofely. De hecho, apareció un informe anónimo, a su juicio confeccionado por Cofely, para apoyar al Ayuntamiento en desestimar la oferta de Fulton.

El concierto encaja con el contenido de una de las conversaciones intervenidas a los directivos, en la que se dice: "Nadie puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato". Los investigadores añaden que, aunque esa ayuda "no fue decisiva", porque la oferta de Fulton presentaba "un error insubsanable", Utrilla y su hermano solicitaron "de manera reiterada" una comisión a los directivos.

La UCO otorga a Mario Utrilla, ex diputado regional y ex alcalde de Sevilla La Nueva, una activa participación en la gestión de los pagos de Cofely a distintas personas en el Ayuntamiento, entre ellas a su hermano, el concejal Alejandro Utrilla. Por eso motivo, mantuvo varias reuniones con David Marjaliza, el conocido como cabecilla de la trama. En distintas conversaciones telefónicas se habla de la petición de un primer pago de 240.000 euros "para ir tirando", aunque la UCO no deja constancia de que se hiciera. Sí que reseña que Marjaliza confirmó en su declaración haber pagado 6.000 euros a Mario Utrilla para "unas vacaciones".

También identifica a Daniel Ortiz como "el jefe" que habría pedido que el pago se arreglara "de alguna manera" porque "esto no puede seguir así", según transmitió Alejandro Utrilla a Pedro García. En cuanto al pago, la UCO sostiene que se fijó en 122.500 euros y que se planeó hacerlo mediante facturas instrumentales a través del entramado de Marjaliza para ocultar el pago de comisiones.

Los investigadores creen que los hechos descritos constituyen delitos de organización criminal, fraude, malversación de fondos públicos, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de fondos públicos, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental y cohecho. Al ex alcalde de Móstoles le cree responsable de fraude y cohecho; al ex concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla, de fraude, cohecho y revelación de secretos; y a su hermano Mario, de cohecho. La UCO considera que Marjaliza cometió presuntos delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsificación documental y cohecho, mientras que de Cofely señala a cinco directivos con distintos grados de responsabilidad.

Daniel Ortiz dice que la acusación es falsa

El ex alcalde de Móstoles y actual diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz ha calificado de "falsas" las informaciones que le acusan de estar implicado en la Operación Púnica y ha anunciado "acciones judiciales en defensa de su honor" contra algunos de los medios que lo han publicado. "Son falsas todas las acusaciones que he recibido hacia mi persona", ha insistido Ortiz en el comunicado hecho público por el PP de Móstoles, en el que también asegura haber mantenido siempre una actitud de "la más absoluta indignación con los casos de corrupción y en el caso de la operación Púnica".

Fuentes del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid consultadas no han querido hacer ninguna consideración ante estas informaciones y se han remitido a las explicaciones dadas por el PP de Móstoles y por el propio Daniel Ortiz en dicho comunicado. Todos los diputados regionales del PP, entre ellos Ortiz, firmaron un código ético que les obliga a cesar inmediatamente si resultan "imputados en un caso de corrupción", aunque en este caso sobre el ex alcalde de Móstoles no pesa imputación judicial alguna.