El Canal de Isabel de Isabel II pagó la "facturación ficticia" a las empresas del imputado en la trama Púnica Alejandro de Pedro (Eico y Madiva) por sus trabajos de reputación en internet para mejorar la imagen de cargos de la Comunidad de Madrid como su ex presidente Ignacio González. 

Así se desprende de la declaración que prestó en octubre de 2014 ante la Guardia Civil el hermano de Alejandro de Pedro, Adrián de Pedro, quien señaló que "la facturación ficticia que se está pagando de Eico y Madiva se está haciendo a través del Canal de Isabel II", según consta en los tomos del sumario sobre la trama Púnica a los que se ha levantado el secreto. 

El propio instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, señaló en un auto del pasado 25 de junio (que se conoce ahora) que los pagos ordenados por el entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria con dinero en efectivo por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, lo eran "sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid". 

El pasado febrero declaró como testigo una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, quien señaló que Alejandro de Pedro le pidió que anotara a la cuenta con la Comunidad de Madrid que se habían abonado 14.000 euros y que le indicaron que esa deuda la iba a pagar el Canal de Isabel II. 

Cuando De Pedro fue detenido se le intervinieron 82.500 euros, de los que 10.000 dijo que eran de Indra por sus trabajos para la Comunidad de Madrid y el resto eran ahorros. Sin embargo, Adrián de Pedro y Guadalupe Caballero "afirman que esa deuda se la iba a pagar el canal de Isabel II y ni uno ni otro saben absolutamente nada de Indra o de Santiago Roura", exconsejero delegado de Indra, lo que levantó las sospechas de que "se le quiera atribuir a Indra pagos que no hizo" y que fueron hechos por otros. 

Por su parte, en su declaración como imputado, el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, reconoció que Salvador Victoria le había utilizado como "mensajero" para que solicitara pagos a otras empresas y que a De Pedro le tenía que pagar Indra 10.000 euros, 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y 90.000 a un tal Juanjo. El pasado 8 de julio, De la Fuente declaró al juez que su empresa tiene una deuda con el PP de Madrid, pero negó que se la fuera a pagar Indra y afirmó no haber contactado nunca con Martínez Nicolás.

El ex presidente de la Diputación de León manipuló contratos para la Púnica

El ex presidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón manipuló pliegos de contratos de servicios públicos de la estación invernal de San Isidro para favorecer a los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa. Los tres, imputados en esta operación por la supuesta comisión de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, tenían distintos intereses políticos y económicos, según recoge el sumario.

Las conversaciones telefónicas grabadas entre los imputados demuestran cómo Alejandro de Pedro, a través de sus sociedades Eico On y Madiva, hacía trabajos para mejorar la reputación online y mediar a través de su influencia política en el PP para que Martínez Barazón se mantuviera en el cargo. Esta relación se extendió posteriormente a procedimientos de contratación de servicios públicos en la estación de esquí de San Isidro, dependiente de la Diputación de León. En las llamadas telefónicas grabadas por la Policía se constata cómo Martínez Barazón tenía interés en sacar a licitación diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí, y que estos fueran adjudicados a empresas vinculadas a De Pedro y Conesa. Estaban orientados a la dinamización, mejora y explotación de las pistas de esquí y para la gestión de las cafeterías El Rebeco y Pico Agujas.

Según recoge el sumario, el entonces presidente de la Diputación quería disponer de proyectos aprobados que pudiera presentar a la opinión pública para consolidarse como máximo responsable de la institución de cara a las citas electorales que estaban próximas. Para ello, acudió a De Pedro y Conesa, con quienes le unía una relación de servicios previa en materia de reputación online y asesoramiento político. Los proyectos sobre los que centraron su atención fueron los relativos a las pistas de esquí de San Isidro, tratando de articularlos de tal manera que se ajustaran en plazo a las necesidades políticas de Martínez Barazón, y que garantizara su adjudicación al entorno de De Pedro.

Los empresarios imputados gozaron de información privilegiada, llegando incluso Martínez Barazón a instar a la modificación de los pliegos de contratación para favorecer a sus empresas. En una conversación grabada, el entonces presidente reconocía que "lógicamente como ellos lo van a diseñar se van a presentar y lo van a ganar", en referencia al concurso del contrato público.

La intervención de la trama llega hasta el punto, según el informe policial incluido en el sumario, de que los empresarios imputados determinaron el título de los expedientes y su contenido al redactar documentos que contienen las prestaciones, su coste y el objeto del contrato. Esos términos deberían haber sido de competencia exclusiva de la administración licitante, en este caso la Diputación de León. Esta manipulación, según el sumario, se habría llevado a cabo con la intervención directa del mismo presidente de la Diputación, quien habría remitido los pliegos a Alejando de Pedro.

Esta trama también salpica al interventor de la Diputación, Manuel Jesús López, funcionario en el que recae la obligación de velar por la correcta tramitación del procedimiento. López, quien también está imputado, no solo tendría intereses económicos en la buena marcha de la concesión de los contratos, sino que habría colaborado en buscar el procedimiento adecuado para que los contratos pudieran aprobarse en los términos acordados entre el presidente de la Diputación y De Pedro. A este respecto, el sumario recoge una conversación grabada de Marcos Martínez en las que afirmaba: "El interventor este, es el primer interesado en que se haga porque tiene un huevo de terrenos en la zona, o sea que ha dicho que no va a poner ningún problema". Asimismo, en las conversaciones registradas se apunta también a una posible participación del mismo presidente de la Diputación en una de las sociedades que iba a hacerse con los contratos de la estación invernal.