crisis en cataluña

Rovira dice que Puigdemont se negó a paralizar el 1-O pese a las cargas

  • La mano derecha de Junqueras y la dirigente del PDeCAT Marta Pascal salen en libertad tras declarar en el Supremo, aunque la primera deberá abonar 60.000 euros de fianza

Rovira, en libertad bajo fianza y Pascal, sin medidas cautelares tras declarar en el Supremo.

Marta Pascal (PDeCAT) y Marta Rovira (ERC) quedaron ayer en libertad, aunque con fianza de 60.000 euros en el caso de la segunda, tras declarar ante el Tribunal Supremo (TS) que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) tuvo un carácter político pero ningún efecto jurídico.

Rovira explicó al juez Pablo Llarena que el referéndum ilegal del 1-O se convocó una reunión a las 13:00 horas, con el entonces president, Carles Puigdemont, y miembros de los partidos independentistas y algún conseller. En aquel encuentro, ella propuso suspender las votaciones ante la violencia vivida, pero el jefe del Govern se opuso porque había mucha gente a la espera de votar.

Las dos, además, restaron importancia al documento EnfoCats, incautado a Josep María Jové, hombre clave en los hechos investigados y mano derecha del ex vicepresident Oriol Junqueras, y negaron reuniones del comité estratégico recogido en este documento, informaron a Efe fuentes presentes en sus declaraciones. Rovira y Pascal tampoco recordaron diversos encuentros con ellas que señala la agenda Moleskine del citado Jové, más numerosos en el caso de la dirigente de ERC, según esas notas. La número dos de Junqueras calificó el documento EnfoCats como "uno más" de los diversos escritos que se han barajado en el procés. Pascal apostó ante el juez por respetar la Constitución y el Estatut y rechazó la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña.

Junto a ello, las dos coincidieron en rechazar cualquier violencia. Ambas reconocieron además reuniones con Puigdemont y los cuatro consellers huidos en Bruselas al menos en dos ocasiones. En el caso de Pascal, su abogado protestó cuando se le preguntó si condenaba expresamente los actos violentos contra la Policía, porque consideraba que se buscaba incriminar opiniones políticas, pero ella sí quiso aclarar que le "disgusta" la violencia. Por su parte, Rovira dejó claro que nunca ha amparado ni ha estado de acuerdo con ningún tipo de violencia.

Rovira también indicó al juez que ella fue quien firmó el 30 de marzo de 2015, en nombre de ERC, la hoja de ruta soberanista con CDC-Reagrupament, Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Esa hoja de ruta preveía una declaración de independencia en 18 meses si las fuerzas soberanistas lograban la mayoría en el Parlament. Ninguna de las partes pidió medidas cautelares contra Marta Pascal, pero sí lo hizo la acusación popular contra Rovira porque, según VOX, los informes de la Guardia Civil apuntan muy directamente contra ella, algo que no sucede con Pascal.

La petición de prisión sin fianza de la acusación popular contra Rovira condujo a que se celebrara una vistilla. En ese contexto el fiscal pidió fianza pero sin contemplar la entrada en prisión, al igual que el abogado del Estado. Fue el magistrado Llarena quien estableció la cantidad de 60.000 euros. Llarena aclaró, respecto a las medidas cautelares a aplicar a Rovira, que no hay riesgo de destrucción de pruebas, ni tampoco de sustracción a la Justicia. El plazo para el pago lo fijará hoy en un auto. A su llegada al tribunal, ambas fueron recibidas con aplausos por varias decenas de simpatizantes, entre ellos los dirigentes de ERC Gabriel Rufián y Joan Tardà, del PDeCat Jordi Xuclà y Josep Lluís Cleries, y Aitor Esteban, del PNV.

El ex presidente de la Generalitat y del PDeCAT Artur Mas tendrá que comparecer ante el juez Llarena. La investigación lo sitúa en el comité estratégico que dirigió la hoja de ruta del procés. Mas fue condenado en marzo del pasado año a dos años de inhabilitación por desobedecer al Constitucional al convocar la consulta del 9-N de 2014. El Tribunal de Cuentas investiga su responsabilidad en el desvío de fondos para ese fin, por lo que ha ordenado el embargo provisional de sus inmuebles para hacer frente a una fianza de 5,2 millones de euros.

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