En un Pleno que un diputado llegó a calificar de "estajanovista" -empezó a las nueve de la mañana y terminó bien pasadas las siete de la tarde-, el PP logró ayer añadir a su amplia mayoría absoluta el apoyo de CiU y UPyD y la abstención del PNV para aprobar en el Congreso de los Diputados la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que en 2020 el déficit estructural será del 0%. El proyecto fue aprobado por 192 votos a favor, 116 en contra y 4 abstenciones. El PSOE declaró "roto" el consenso constitucional. Con el apoyo de los convergentes y de otros grupos de la oposición, la mayoría del PP logró también convalidar el decreto-ley por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público, con la amnistía fiscal como iniciativa más importante. Populares y socialistas sólo votaron juntos para convalidar el decreto-ley por el que se modifican normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión y para darle el visto bueno al Tratado Constitutivo de Mecanismo Europeo de Rentabilidad (MEDE), conocido como fondo de rescate, y rechazar las enmiendas a la totalidad que presentaron UPyD y ERC.

En unas intensas negociaciones en las que participaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, el PP arrancó el apoyo de los convergentes a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al aceptarle varias enmiendas que flexibilizan los plazos de amortización de deuda de las comunidades autónomas hasta elevarlo a los 20 años. Al PNV sólo pudieron llevarlo hasta la abstención después de admitirle unas enmiendas que garantizan el régimen foral.

Sin embargo, los negociadores populares no tuvieron tanto éxito con el PSOE. Los diputados socialistas votaron en contra por entender que el PP rompió el pacto constitucional que alcanzaron el pasado verano ambos partidos al fijar para 2020 un déficit público del 0% cuando se había acordado un 0,4%.

En el debate, Pedro Saura, del PSOE, acusó al PP de "política partidista", de romper los "consensos constitucionales", y de negociar a última hora buscando "una foto". Ana Madrazo (PP) reprochó a los socialistas que no prestaran el mismo apoyo que dio el verano pasado su partido al Gobierno de Rodríguez Zapatero, y advirtió que "si España no da confianza de ser un deudor fiable, no habrá financiación, no habrá inversión; si no hay inversión, no habrá empleo".

En el debate sobre el decreto-ley que introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, calificó eufemísticamente la amnistía fiscal que contiene esta iniciativa legislativa de "gravamen sobre activos que están ocultos y cuyo afloramiento será positivo para normalizar la actividad económica española".

En este mismo debate, Montoro anunció que el Gobierno obligará a los ciudadanos a informar a Hacienda de las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero, y adelantó que afectará tanto los titulares como beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas.

Además, encuadró estas medidas dentro del Plan Antifraude que aprobará hoy el Consejo de Ministros y que tiene como principal objetivo combatir la economía sumergida.