Independentismo catalán

El PP dice que el "buenismo de Carmena, pone alfombra roja" al independentismo catalán

  • Piden la suspensión del acto que, confundido con un evento que fomenta la libertad de expresión, "desafía" al Estado de Derecho y al Tribunal Constitucional a base de "fuerza y propaganda".

Andrea Levy, Alicia Sánchez-Camacho y el actor Albert Boadella piden a Carmena que suspena el acto de Puigdemont en Madrid. Andrea Levy, Alicia Sánchez-Camacho y el actor Albert Boadella piden a Carmena que suspena el acto de Puigdemont en Madrid.

Andrea Levy, Alicia Sánchez-Camacho y el actor Albert Boadella piden a Carmena que suspena el acto de Puigdemont en Madrid. / EFE

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, junto con la vicesecretaria del PP y diputada en el Parlament de Cataluña, Andrea Levy, y la secretaria primera de la Mesa del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho, ha cargado este viernes contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por poner "alfombra roja" al independentismo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al cederle Cibeles para ofrecer una conferencia el próximo lunes.

La galería de cristal del Palacio de Cibeles, con una bandera de España en la que se podía leer No en Cibeles y acompañados de personalidades como el actor Albert Boadella o los ediles Pedro Corral, Isabel Rosell o Sergio Brabezo (Cs), ha acogido el acto en el que los populares han reiterado su "compromiso inquebrantable" con la Constitución española.

"La alcaldesa, con su habitual buenismo, asocia esta conferencia a la libertad de expresión, pero no es así, porque si fuera por eso, se hubiera ofrecido en la sala del Senado, que no aceptaron; si fuera libertad de expresión se habrían ido al centro cultural Blanquerna", ha recriminado el portavoz de los populares en el Consistorio. 

Piden la suspensión del acto

El partido Centro Izquierda Nacional (CINC) presentó un escrito en la delegación del Gobierno en la capital en el que se solicita la suspensión cautelar del acto de Puigdemont del lunes. Consideran que ese evento es "ilegal e inconstitucional" y desafía al Tribunal Constitucional.

El CINC, fundado el pasado mes de octubre por el ex diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán Antonio Robles, considera que "vulnera los dictados del Tribunal Constitucional, que declaró nulas las resoluciones del Parlamento de Cataluña destinadas a impulsar la celebración de un referéndum en 2017".

El partido recuerda que el TC advirtió a los promotores de la consulta independentista de que deberían "abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución aprobada" (la preparación del referéndum) y que tenían el deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esa resolución".

Para el Centro Izquierda Nacional, el acto de Puigdemont está "disfrazado de conferencia" pero "no tiene otro fin que burlar las resoluciones del Tribunal Constitucional, realizando un acto de propaganda para influir en la opinión pública y legitimar la celebración de un referéndum ilegal".

Uso de recursos públicos

Señala, además, como "agravante" que "se utilice para ello dinero y recursos públicos, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Madrid", e indica que se podría producir un problema de orden público porque hay protestas convocadas para impedir la conferencia.

El partido no cree que los organizadores del acto -la plataforma Pacto Nacional por el Referéndum, integrada por la Generalitat, el Parlamento de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y las diputaciones, partidos políticos y entidades catalanas- actúen "con buena fe".

"Saben perfectamente la repercusión mediática y simbólica que tendrá este acto, considerado una provocación por parte de una mayoría de la población madrileña, un gesto de desafío al Estado democrático, al Gobierno y al propio Tribunal Constitucional", sostiene.

A su juicio, la conferencia nada tiene que ver con la libertad de expresión o el diálogo, sino que se trata de "un acto premeditado de fuerza y propaganda". "Los que aprueban leyes de modo clandestino y sin posibilidad de discusión en su propio Parlamento, piden ahora diálogo con la única finalidad de acusar a los demás de intransigentes", afirma.

Por último, el CINC denuncia una "política de claudicación, de apaciguamiento, de cobardía y de consentimiento de la ilegalidad" ante quienes "utilizan el poder y los recursos del Estado para destruirlo y la democracia para disfrazar su imposición totalitaria".

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