La decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura ha provocado una serie de críticas provenientes del Partido Popular, como las declaraciones de su presidente fundador, Manuel Fraga, en las que ha calificado de "disparate" esa actuación.

El auto del juez ha sido respondido con comentarios de respeto por el Gobierno, y si ayer José Luis Rodríguez Zapatero se limitaba a expresar ese sentimiento, hoy ha reiterado esa posición la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha precisado que el auto demuestra la autonomía de los jueces.

El presidente del Congreso, José Bono, ha defendido que se respete "la memoria de quienes murieron en condiciones indignas" durante el franquismo, aunque ha opinado que "no hay que invocar aquellos hechos para remover de un modo en que el odio haga acto de presencia".

También se han escuchado declaraciones en el Partido Popular hablando de respeto, pero su presidente fundador, Manuel Fraga, ha sido uno de los más duros en sus críticas al calificar de "disparate" y "error gravísimo" el resucitar los problemas del pasado. "Es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie, puesto que ya hubo leyes de amnistía", ha señalado.

Las críticas han llegado también de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha considerado "esperpéntico" que Garzón haya pedido el certificado de defunción de Franco. No obstante, ha subrayado que los ciudadanos están "en su perfecto derecho" a conocer dónde están enterrados sus familiares.

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del grupo popular en el Congreso, ha considerado que el auto del juez responde a "otra cosa" que no es la administración de Justicia.

El presidente del PP andaluz y vicesecretario general de Política Autonómica y Local de este partido, Javier Arenas, ha expresado también su "extraordinario respeto" por los ciudadanos que desean saber dónde están los restos de sus familiares, aunque ha abogado por la "concordia" que supuso para el país la Constitución de 1978.

En el seno del PSOE, su secretario general en el Congreso, Ramón Jáuregui, ha señalado que la ley de la Memoria Histórica, de la que él fue ponente, "nunca pretendió una causa general contra el franquismo, ni una investigación penal" como la que ha abierto el juez Baltasar Garzón.

El líder de IU, Gaspar Llamazares, ha respaldado al juez Garzón en su decisión porque "honra" a la Justicia española y, en cambio, ha lamentado que se oponga la Fiscalía porque no le parece "honorable".

En nombre de CiU, el diputado Jordi Xuclà ha dicho que desearía que el juez iniciase los trámites para declarar nulos los juicios políticos que se produjeron durante el franquismo, tal y como posibilita la Ley de Memoria Histórica.

Otro político catalán, el vicepresidente Josep Lluis Carod-Rovira, de ERC, ha instado a Garzón a anular el juicio que condenó a muerte al ex presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys en 1940.

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, ha elogiado la iniciativa al tiempo que ha acusado al Gobierno de intentar, a través de la Fiscalía, "obstaculizar que se conozca la verdad".