Razones para el optimismo

  • El equipo de Rajoy piensa que marcha por el camino correcto en estos días en que se suceden decisiones contundentes respecto al gasto y los recortes, y se muestra más confiado que hace unos meses

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EL ministro menciona a Rajoy cuando se le pregunta por las pensiones, la oposición acusa al Gobierno de pretender congelarlas o incluso reducirlas y el ministro no comparte esa sensación: "El presidente nos ha dicho que lo último que se puede tocar son las pensiones. Por principio, porque así lo hemos prometido en nuestro programa y además porque Rajoy, como todos nosotros, sabe hasta qué punto miles de abuelos españoles están manteniendo a sus hijos y nietos en dificultades".

Las pensiones, por tanto, no se tocan, aunque está por ver si podrán revalorizarse según el IPC, que este año podría superar los 3 puntos. Aunque hay datos que indican que estamos lejos de superar la crisis que sufrimos desde hace cinco años, la mayoría de los miembros del Gobierno piensan que a medio plazo se enderezarán las cosas, aunque reconocen que no se alcanzarán los niveles de bienestar de tiempos definitivamente pasados. Entre otras razones, porque si la crisis es tan extrema, muy superior a la de otros países europeos que la han superado con medidas drásticas, es porque vivíamos en una situación económicamente imposible de mantener.

El leve optimismo que demuestra el equipo de Rajoy, que se expresa con enorme cautela, se debe a que se ha puesto en marcha la reforma de las administraciones públicas, que -junto a la reforma financiera ya aprobada, más la reforma laboral- cree que sienta las bases para recuperar el terreno perdido, o parte de él.

Contaba con que la reforma laboral provocara un aluvión inicial de despidos, que efectivamente es más barato que en tiempos anteriores aunque la ley impone las condiciones en las que el despido es procedente. Pero, afirman en Empleo, sólo con una reestructuración laboral, las empresas en crisis pueden seguir en activo y crear trabajo estable. Hambre para hoy, pan para mañana, el reverso del refrán; y repiten lo que también está en boca de la mayoría de quienes defienden la reforma de Fátima Báñez: "A ningún empresario le gusta despedir a sus trabajadores. Pero lo que no se puede admitir es que una empresa se vaya a pique definitivamente porque el empresario no puede hacer frente a una reestructuración interna con recortes salariales o de plantilla que salvarían la viabilidad de la empresa y los puestos de trabajo de parte de sus empleados". En Empleo, por tanto, la esperanza en un futuro mejor a medio plazo se basa en el saneamiento de las empresas en crisis para que puedan seguir operando y crear así más trabajo y, por otra parte, la última Encuesta de Población Activa recoge más de 60.000 altas de autónomos.

Algo se mueve, afirman voces cualificadas del mundo empresarial, aunque también las hay más negativas en su análisis. Desde el Gobierno, donde existe la convicción de que dentro de un año se percibirán ya las señales de que España empieza a enderezar el camino, piensan también que algo se mueve y esgrimen sus argumentos: el mercado de exportación sigue siendo importante y a él se han incorporado pequeñas y medianas empresas, que son las que producen más empleo. Por otra parte la creación inminente del banco malo, más la llegada del adelanto del fondo de rescate a los bancos, permitirá que fluya el crédito, se incrementará el consumo y se abrirán puertas a la posibilidad de que empresas hoy en difícil situación puedan superar su crisis.

Por otra parte, está ya muy avanzada la reforma de las administraciones públicas en la que tan empeñada está la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que la considera indispensable para que se pueda asentar una España con los trabajadores necesarios en el sector público, sobredimensionado por la proliferación de organismos que no tienen más sentido, en muchos casos, que dar trabajo a personas cercanas a los partidos. De uno y otro signo, la creación de organismos se ha dado en todas las legislaturas y bajo todas las siglas.

El equipo de Rajoy se empeña en controlar el gasto público no sólo para cumplir con los compromisos del déficit sino sobre todo para poner a España en condiciones de mantenerse dentro de un presupuesto equilibrado. Y con esa política de ahorro ha prescindido de miles de personas contratadas en el sector público, hasta el punto de que el 80% del desempleo de estos últimos meses pertenecen a ese sector. Pero va a ir a más, porque Sáenz de Santamaría ha anunciado que en ocho meses debe tener sobre su mesa los datos sobre los más de un millar de organismos y empresas públicas hoy vigentes, para ver si merecen sobrevivir. Será en función de su actividad y de su coste, y se calcula que desaparecerán la mayoría de ellos, entre otras razones porque una de las líneas de actuación de la vicepresidenta será evitar las duplicidades entre las diferentes administraciones públicas.

El Gobierno está tomando muchas decisiones para controlar las cuentas públicas e intentar potenciar la creación de empleo. Despacio pero sin pausa, sin el apoyo de la oposición ni de los sindicatos. Los ministros piensan que marchan por el camino correcto, se suceden declaraciones más optimistas que las de hace meses, aunque eso no signifique que los hombres y mujeres del equipo de Rajoy estén en la euforia. Ni mucho menos.

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