El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decretó ayer el archivo de la causa contra el lehendakari Juan José Ibarretxe, los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, y cinco miembros de Batasuna por las reuniones celebradas durante la última tregua de ETA.

El tribunal tomó la decisión de sobreseer el caso por mayoría, con el voto particular del presidente de la sala, Manuel Díaz de Rábago, en aplicación de la polémica doctrina Botín del Supremo, según la cual al no presentar cargos la Fiscalía y solo existir la acusación popular no hay "acusación legítima" para seguir el juicio oral en el procedimiento abreviado.

El Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, las dos asociaciones que ejercen la acusación popular, se apresuraron a anunciar que recurrirán el archivo de la causa ante el Supremo alegando el caso Atutxa, donde se llevó adelante el juicio sólo con acusación popular.

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portelo, denunció que con esta resolución el TSJPV "por primera vez en la historia de la democracia española, se ha legitimado el diálogo con una organización terrorista que se llama Batasuna" e invocó la sentencia del caso Atutxa como camino a seguir. Fernando García Capel, abogado del Foro de Ermua también recordó el caso Atutxa y señaló que la decisión de ayer es un "varapalo a la justicia".

El lehendakari mostró su satisfacción por el sobreseimiento de su caso "porque -dijo- se ha puesto fin a un sinsentido jurídico y político". No obstante, Ibarretxe también mostró su preocupación porque el TSJPV "no ha querido entrar en el fondo del asunto". En este sentido, insistió en que "no se ha decidido sobre el fondo, sobre la legitimidad del diálogo político como forma civilizada de resolución conflictos".

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, celebró la decisión del TSJPV de zanjar un proceso que "nunca debió existir".

La vicesecretaria general del PP vasco, Arantza Quiroga, dijo que, "independientemente del resultado" del juicio contra el lehendakari y dirigentes del PSE y de la izquierda abertzale, existe "una responsabilidad política por sentarse a negociar políticamente con una banda terrorista". El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, expresó su "satisfacción".