El desafío independentista

Las dudas que plantea el artículo 155

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El artículo 155 de la Constitución dice literalmente que, "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". "Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas", añade.

¿Supone la suspensión de la autonomía?

A diferencia de las constituciones de Austria, Italia o Portugal, el artículo 155 no suspende la autonomía ni ampara la disolución de órganos autonómicos como el Gobierno o el Parlamento regional. Su función es obligar a la Comunidad a usar sus competencias de acuerdo a la Constitución y las leyes y supone una intervención puntual que durará hasta que se restaure la legalidad.

¿Qué medidas legales implica su puesta en marcha?

Puede aplicarse de manera progresiva, según los expertos. La primera medida podría consistir en el Ejecutivo central asumiera las competencias sobre los Mossos. Además de la suspensión de la participación en los ingresos del estado o la asunción de la hacienda de la comunidad, los constitucionalistas contemplan que se pueda nombrar a delegados con poderes especiales y derecho de veto en puestos clave de la administración, sustituyendo temporalmente a los titulares o sus subordinados.

¿Ampara el uso de las Fuerzas Armadas?

Su redacción es ambigua al hablar de "medidas necesarias". Los expertos coinciden en que no es válido para el empleo de las fuerzas armadas. Si la desobediencia autonómica fuera violenta, se trataría de un acto de fuerza contra el orden constitucional, uno de los supuestos para declarar el estado de sitio. Según la Constitución, esta declaración sólo la puede proponer el Gobierno y exige la autorización del Congreso.

¿Existe algún precedente de su aplicación?

El artículo 155 nunca ha sido aplicado. El Gobierno de Felipe González fue el único que estuvo a punto de ponerlo en marcha en 1989 en una disputa con Canarias. El Ejecutivo autonómico se negaba a asumir un cambio de su régimen fiscal a consecuencia del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE). Su simple invocación sirvió para que el Gobierno canario accediera a abrir una negociación.

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