La situación se enquista y los actores en conflicto se distancian más aún. Los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida han decidieron ayer en referéndum y por abrumadora mayoría rechazar la oferta de incremento salarial hecha por el Ministerio y mantener la huelga indefinida que comenzó el pasado 4 de febrero. Los sindicatos convocantes de la protesta informaron que el 85,71% de los trabajadores votó en contra de la oferta de Justicia -un aumento de 140 euros mensuales este año que ascendería hasta los 180 euros en 2009-. Los síes sólo alcanzaron el 14,29%. A la segunda pregunta planteada en la consulta -continuar con la huelga o no-, el 88,30% de los funcionarios optó por mantenerla, frente a un 11,70% que mostró su disconformidad.

En una nota de prensa, los sindicatos advirtieron que el Ministerio "debe reconocer las reivindicaciones de los trabajadores y sentarse a negociar con una clara e inequívoca voluntad de acabar con el conflicto". "Apelamos a la responsabilidad de Mariano Fernández Bermejo como ministro en funciones y a la del presidente del Gobierno como responsable máximo para darle solución".

En declaraciones por la mañana a TVE, Fernández Bermejo hizo un llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios para que apoyaran el fin de la huelga en el referéndum. El titular de Justicia señaló, no obstante, que si los trabajadores decidían seguir la huelga habría que continuar haciendo esfuerzos para que la situación se arregle, aunque consideró "difícil de digerir" la actitud de los sindicatos, ya que, según él, en la madrugada del martes alcanzaron un "principio de acuerdo" con el Ministerio y acto seguido pidieron a los trabajadores que lo rechazaran en la consulta.

Los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ cifraron en más del 70% la participación en el referéndum, celebrado en los órganos centrales con sede en Madrid y en las comunidades de Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja, además de en Ceuta y Melilla. En el caso balear las votaciones fueron anuladas debido a que varias personas que no habían secundado la huelga sí votaron. La nota discordante la aportó UGT, que tachó de "irregular" la consulta porque no existe un censo de trabajadores, porque fue convocado con sólo 48 horas de antelación y porque todos los funcionarios, y no sólo los que secundaban la huelga, habrían debido poder votar. En las comunidades afectadas se han suspendido ya por la huelga más de 30.000 juicios.

85,71%