La fiscal dice que Gürtel hizo "un modo de vida" de sus sobornos al PP

  • El ministerio público considera que hay pruebas para condenar a los 37 acusados en relación a la primera etapa (1999-2005) de la trama

Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional. Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional. / J. J. Guillén / Efe

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La fiscal Concepción Sabadell señala en su informe final en el juicio del caso Gürtel que la trama liderada por Francisco Correa hizo de su enriquecimiento mediante sobornos y comisiones a cargos públicos del PP "un modo de vida" y sirvió para financiar a este partido.

La Audiencia Nacional inició este lunes la fase de informes finales del juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), comenzando por la fiscal, quien mantuvo que hay pruebas para condenar a los 37 acusados, entre ellos, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para quien solicita 39 años de prisión.

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"Tras una ardua instrucción y un complejo juicio -que empezó hace más de un año- acorde con la actividad de los acusados se confirmaron los indicios y se comprobaron los hechos con una abrumadora y contundente prueba" incriminatoria para los 37 acusados, expuso la fiscal.

La fiscal recordó que el propio Correa -para quien pide la máxima pena, 125 años de prisión- "involuntariamente" habló del "sistema" para referirse a su intermediación entre cargos públicos y empresas y asegurar la adjudicación de contratos a cambio del 3 ó 4% de comisión, "lo que fue un modo de vida duradero de esta organización constituida para delinquir".

La fiscal abundó en que a tal fin los acusados crearon "un entramado societario y usaron "una caja B, una tesorería oculta, que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo de Correa y de comisiones ilegales, y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridades públicas, en dinero en metálico o en forma de viajes pagados".

Agregó que de esta forma "esquilmaron arcas públicas" con un sistema de corrupción en perjuicio de la concurrencia legal de empresas, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Majadahonda. Concretó que la trama consiguió contratos públicos por ocho millones de euros por los que se pagaron más de un millón en comisiones.

En el caso de Majadahonda, dijo que "es un claro ejemplo de cómo una organización parasita un Ayuntamiento" para beneficio de sus integrantes y para "financiar y ahorrarle costes al PP".

La fiscal indicó que los implicados en la parte de la trama de Majadahonda -entre ellos, el ex alcalde Guillermo Ortega, para quien pide 50 años de prisión- "usaron el Consistorio para su puro enriquecimiento personal y decidían qué se contrataba, a quién y por qué precios", relegando a todas las personas que no participaban del entramado.

En el entramado societario, "Francisco Correa era el jefe, Pablo Crespo -para quien la fiscal pide 85 años de prisión-, su mano derecha y José Luis Izquierdo -que se enfrenta a una petición de 45 años de cárcel- el gestor de la Caja B", indicó Concepción Sabadell.

La tesorera del PP, Carmen Navarro, responsabilizó este lunes, por su parte, al ex gerente del PP de la provincia de Valencia José Antonio Moscardó del control del gasto electoral en 2011 y 2015, unas elecciones en las que se sospecha que el partido gastó más de lo declarado, incurriendo en un delito electoral.

Navarro declaró en calidad de imputada durante cerca de tres horas ante el Juzgado de Instrucción número 18, que investiga el conocido como casi Imelsa, en el que se investigan varios delitos de corrupción, entre ellos, la supuesta financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales, amaño de contratos públicos y blanqueo de capitales en los comicios de 2011 y 2015.

Navarro detalló que sus funciones en el partido dependen directamente del presidente del mismo y de la secretaría general y que no era su responsabilidad el control de los gastos electorales en los que pudo haber incurrido el partido tanto en la provincia de Valencia como en el ámbito municipal de la capital valenciana, sino del gerente provincial, a quien la dirección del partido comunicaba el límite de gasto en cada convocatoria.

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