España

Un funeral masivo despide a los agentes rurales catalanes entre polémica por control armas

Funeral en memoria de los agentes rurales leridanos.

Funeral en memoria de los agentes rurales leridanos. / EFE

Un emotivo y masivo funeral ha despedido en Lérida a los dos agentes rurales que murieron el sábado pasado tiroteados por un cazador, en un día en que se ha hecho evidente el malestar de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno por la reclamación de la Generalitat del control de armas.

Cerca de 700 personas, entre ellos más de 200 agentes Rurales, han asistido este lunes en Lérida al funeral por los agentes tiroteados en Aspa (Lérida), quienes han sido objeto de silenciosos homenajes, entre ellos en el Parlament, en las sedes de CCOO y en Vacarisses (Barcelona), donde reside el presunto autor del doble crimen.

Al sepelio, que ha culminado con la liberación de dos halcones peregrinos por parte de los hijos de los fallecidos, han acudido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Jordi Jané, además de numerosos mossos d'esquadra, bomberos de la Generalitat y guardas forestales, entre otros representantes de cuerpos de emergencia del gobierno catalán.

La muerte de los agentes, a quienes el cazador tiroteó presuntamente con una escopeta para la que carecía de permiso, ha dado paso a una nueva polémica después de que el conseller Jané reclamara ayer que la Generalitat asuma el control de armas y explosivos, en manos de la Guardia Civil.

Jané afirmó también ayer que la Guardia Civil "tiene que hacer su trabajo de comprobar que las personas que tienen licencia de armas las pueden tener, y para esto hay una serie de pruebas que en teoría y sobre el papel se tienen que hacer", unas declaraciones que han causado "malestar", según fuentes policiales, al obviar que en el proceso también interviene la administración autonómica.

Cuando se aprueba, por parte de la Guardia Civil, un alta o renovación de un permiso de armas, el solicitante debe presentar previamente una licencia de caza o de actividades cinegéticas cuya expedición depende del Departamento de Agricultura, así como un certificado médico-psicológico de un centro médico homologado por la Generalitat, según han recordado hoy estas fuentes.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha exigido perdón a Jané por intentar obtener "rédito político" con la muerte de los dos agentes rurales y le ha acusado de faltar al "respeto" de los agentes del cuerpo encargados del control de los permisos de armas.

También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recriminado el "oportunismo" y la "utilización" política de la Generalitat, especialmente cuando España se encuentra al nivel 4 de alerta antiterrorista, y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha afeado a Jané su "falta de responsabilidad".

La reclamación del conseller ha suscitado también la reacción del Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien ha considerado "de mal gusto" que se cuestione el "excelente trabajo" de la Guardia Civil.

Por su parte, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido la dimisión del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, por sus "insinuaciones" con "mala fe" sobre la Guardia Civil, al anunciar que abrirá una investigación para analizar los criterios empleados por el instituto armado para conceder permisos de armas.

La de Jané no ha sido la única reivindicación al hilo del suceso: también los Agentes Rurales han aprovechado para reclamar que se desarrolle el reglamento de armas del cuerpo y se regule la forma en que deben interactuar con los cazadores, garantizando su seguridad.

Al margen de la polémica por el control de armas, los Mossos d'Esquadra siguen investigando las circunstancias en que los agentes rurales fueron tiroteados por el cazador, que permanece detenido a la espera de pasar mañana a disposición judicial.

El juez instructor interrogará al detenido, Ismael Rodríguez, de 28 años, a la luz de los primeros resultados de la autopsia practicada a los cadáveres, que revela que los agentes rurales recibieron dos disparos cada uno en el rostro, efectuados de frente, según han apuntado fuentes cercanas al caso.

En la investigación resultará clave el análisis de la escopeta utilizada por el detenido, que de acuerdo con la normativa debería llevar un dispositivo que le impidiera realizar más de tres disparos consecutivos, aunque se desconoce si en el arma letal este elemento había sido manipulado o eliminado.

Por el momento, la abogada del cazador, Montserrat Torres, de oficio, ha explicado que su cliente niega que discutiera con los agentes cuando éstos le pidieron su licencia de armas y ha insistido en que sigue sin explicarse por qué les tiroteó. "Un acto reflejo, mecánico", ha subrayado.

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