La intervención podría durar hasta el verano

  • Los expertos coinciden en la "severidad" del control del 'Parlament'

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El Gobierno podría seguir controlando el Ejecutivo de la Generalitat, hasta el próximo verano si se agota el plazo de seis meses contemplado para convocar las elecciones. En ese caso, el decreto de convocatoria se aprobaría en abril, y habría que contar a partir de ese momento 54 días para acudir a las urnas, tal y como determina la ley orgánica del régimen electoral general. En consecuencia, los catalanes no acudirían a las urnas hasta finales de junio. Una vez que se celebraran los comicios aún habría un plazo de tiempo hasta la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, un proceso cuya duración estaría condicionado lógicamente por las mayorías que consiguieran los diversos partidos políticos.

El Gobierno también pretende limitar las funciones del Parlamento catalán para que no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni votar una moción de censura. Sus funciones de control recaerán en el Senado y no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto, mientras que el Gobierno tendrá un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto a sus propuestas.

El Ejecutivo central asumirá también el mando de los Mossos d'Esquadra. Podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos, acordar el despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y sustituirlos si es necesario.

También se arroga el Ejecutivo la facultad de cesar y nombrar a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político. Asimismo, asumirá todos los ingresos y gastos de la Generalitat para garantizar que no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista.

El Ejecutivo central está obligado a informar al Senado cada dos meses de la evolución de la situación, y también podrá plantear en él las "modificaciones o actualizaciones" que considere oportunas respecto de las medidas inicialmente autorizadas. El Gobierno subraya que estas medidas no suponen una devolución de competencias de la Generalitat al Estado, sino la sustitución de determinados políticos que han incurrido en incumplimientos de la Constitución y del Estatuto de autonomía.

Expertos en Derecho Constitucional coinciden calificar las medidas de "severas" en lo que respecta al Parlament. Para el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, son "muy duras" pero también "justificadas por el comportamiento de parte de los diputados en el último mes y medio".

Sin embargo, el también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Xabier Arbós tiene "serias dudas" y cuestiona la capacidad del presidente del Gobierno de reservarse el derecho a veto sobre cualquier resolución que adopte esta Cámara. En opinión del catedrático de Ciencia Política Francisco J.Llera, las medidas aprobadas son "previsibles" pero también se muestra sorprendido por "la intervención no tanto sobre las autoridades gubernamentales como la cuestión del Parlament".

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