El juez Baltasar Garzón ha encontrado indicios contra uno o más nuevos aforados en la investigación de una presunta trama de corrupción ligada a cargos del PP que dependerían de un tribunal distinto de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, según se desprende de una providencia notificada ayer con la que inicia los trámites para inhibirse del caso Gürtel.

En esta resolución, para cuya notificación el magistrado alzó parcialmente el secreto de las actuaciones poco antes de ser ingresado en una clínica de Madrid aquejado de una crisis de ansiedad, Garzón ordena al servicio de reprografía que le haga tres copias de la causa.

Dos serán remitidas a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y Valencia, donde la Fiscalía Anticorrupción ya le ha pedido que se inhiba por haber aforados de estas comunidades autónomas, y la tercera que podría ir destinada al TSJ de otra Comunidad Autónoma o al Tribunal Supremo, de ser el o los nuevos aforados diputados nacionales o senadores.

Fuentes fiscales informaron a Efe que, en uno de esos oficios, Garzón pregunta al Ministerio Público si, mientras se resuelve la inhibición, él puede seguir practicando diligencias o debe cesar en las mismas.

El caso Correa ha salpicado a la investigación de la Asamblea de Madrid sobre el espionaje a altos cargos del PP. La diputada y ex presidenta del Parlamento regional Rosa Posada es la nueva presidenta de la comisión en sustitución del también popular Benjamín Martín Vasco, que pidió el relevo para querellarse contra Isabel Jordán, una imputada en el caso Gürtel que le relacionó con la trama de corrupción en una de las grabaciones en poder de Garzón.

El PSOE e IU aprovecharon ayer el cambio de presidencia para reclamar una vez más que la comisión empiece a funcionar cuanto antes y apelaron al Reglamento para intentar convencer a Posada de que no es obligatorio esperar a que el PP registre su lista de comparecientes ni a que el Gobierno envíe la documentación para empezar las comparecencias.

Los quince minutos que estuvo reunida la comisión y las primeras palabras de Posada bastaron para que la oposición lamentara que "no empieza una nueva etapa" y que el "bloqueo" de los trabajos continuará con la nueva presidenta. Las portavoces del PSOE e IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, le reclamaron una reunión "urgente" de la Mesa para establecer el calendario de comparecencias. Posada replicó que las "normas se están llevando a cabo de forma rigurosa" y que "no se ajusta a la verdad que esta comisión no esté funcionando".