Pedro Antonio Sánchez no llegó a preparar su intervención en el debate de la moción de censura, a pesar de que esa fue la excusa que dio para no acudir a la reunión de la ejecutiva que celebró el PP el pasado lunes. A última hora de la mañana llegaba a Madrid para mantener una reunión con Fernando Martínez Maíllo, el actual hombre fuerte del PP. Al día siguiente, anunció en Murcia su dimisión como presidente del gobierno regional. Maíllo aseguró que la iniciativa de la dimisión había partido del propio Sánchez, aunque quedó la duda en el aire y la sensación generalizada es que había recibido un "empujón". Sin embargo, los datos indican que efectivamente la decisión la tomó Sánchez, pues llamó a Rajoy y a Maíllo antes de viajar a Madrid para comunicarles que abandonaba el cargo antes de que una votación parlamentaria le obligara a hacerlo.

Maíllo barajaba esa situación como la más probable, aunque la idea era esperar al inicio de la moción y comprobar si Ciudadanos la apoyaba una vez escuchada la intervención del candidato y la del portavoz de Podemos. Sin embargo, consultada la ley, se vio que ese escenario no era posible, pues una vez iniciado el trámite parlamentario la moción no podía ser anulada ni siquiera por la dimisión del presidente al que se quería cesar.

Las negociaciones de Maíllo con el número dos de Rivera, José Manuel Villegas, eran constantes, por no decir permanentes. Si al principio veía dudas en Ciudadanos respecto a la conveniencia de esperar la resolución judicial respecto al archivo de la causa abierta contra el presidente, esas dudas se iban diluyendo al mismo tiempo que se afianzaba la idea de apoyar la moción de censura del PSOE que llevaría a un gobierno PSOE-Podemos, gobierno en el que Ciudadanos en ningún caso quería participar.

Maíllo llevó todo el peso del caso Murcia en Madrid, que seguía Rajoy casi hora a hora, aunque también los responsables murcianos del PP hicieron algunas aproximaciones a Ciudadanos que, a su vez, mantenían constantes reuniones con los socialistas murcianos. También habló Rajoy con Javier Fernández pero, como ha sido habitual en el presidente de la gestora socialista -que siempre tiene en cuenta que preside una gestora y por tanto no ha sido elegido en un congreso, lo que considera que limita su capacidad de decisión- el asturiano consideraba que se trataba de un asunto que debía ser solventado por los dirigentes del partido en Murcia.

El PP nacional intentaba a toda costa ganar tiempo, convencido de que el juez archivaría la causa abierta contra Pedro Sánchez, al igual que había archivado las dieciséis anteriores, porque no se trataba de un caso de corrupción -ni el partido ni nadie del PP se había quedado con un euro- sino un problema administrativo, tanto de sobreprecio de una obra pública como de haberla registrado antes de que estuviera finalizada. Pero en contra de lo que esperaba el PP, el juez no tomó su decisión antes del 27 de marzo, fecha que había fijado Ciudadanos cuando presentó un ultimátum a Pedro Antonio Sánchez para que presentara su dimisión.

Antes del 27, Maíllo y Villegas habían estado negociando sobre la posibilidad de que Ciudadanos permitiera que el dirigente murciano se mantuviera en el cargo tres meses más sin capacidad decisoria -como si fuera en funciones-, situación que permitía la ley, por si en ese plazo se producía la sentencia judicial. Finalmente Villegas dio una respuesta negativa.

La situación no era cómoda para Ciudadanos, con la mayoría de los medios de comunicación en contra por lo que consideraban una actitud incoherente. Por una parte, después de exigir la dimisión de un presidente del PP que había prometido presentarla si era imputado, propusieron que la dimisión de un cargo debía llegar cuando se fijara la apertura de juicio oral. Decían en Ciudadanos que, siendo eso así, en la situación de Sánchez prevalecía que estaba obligado a cumplir su promesa, y no les faltaba razón. En segundo lugar, eran acusados los dirigentes de Ciudadanos de escasa consistencia política cuando anunciaron que si no dimitía Sánchez presentarían una moción de censura… sin contar con el número de escaños necesarios para presentarla. El reglamento exigía que fueran siete parlamentarios y Ciudadanos solo tenía cuatro, e hizo el anuncio antes de garantizarse que el PSOE le "prestaría" tres. Los socialistas les tomaron la delantera, dejándoles en una situación que la mayoría de los analistas calificaron de "ridícula".

Por si no fuera suficiente, la mayoría de los medios recogieron lo que consideraban una doble vara de medir de Ciudadanos en su publicitada lucha contra la corrupción: mientras en Murcia exigían la dimisión de Sánchez, mantenían el acuerdo con el gobierno de Susana Díaz a pesar de la situación jurídica de importantes dirigentes socialistas y, además, en Granada habían defenestrado al alcalde del PP imputado por corrupción para poner a un alcalde del PSOE, Francisco Cuenca… imputado también por corrupción. En situación muy parecida a la de Sánchez en Murcia: las imputaciones no eran por desviar fondos en su propio beneficio o para beneficio de su partido, sino por irregularidades administrativas. Los dirigentes nacionales de Ciudadanos, incómodos cuando se les mencionaba Granada, respondían que en el caso de Sánchez el problema estaba en que había prometido dimitir si era imputado. Es decir, ya no ponían el acento en su presunta corrupción, sino en el incumplimiento de una promesa.

El lunes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el caso Púnica, enviaba al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la petición de imputación para Sánchez por la supuesta comisión de delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Esa petición de imputación fue la puntilla para Sánchez y lo comprendió desde el primer momento.

Acordaron que la dimisión de Sánchez como presidente del gobierno regional no conllevaría la renuncia de su acta parlamentaria. También, que su sucesor en la presidencia del Ejecutivo regional fuera el coordinador del partido, Fernando López Miras, y que el propio Sánchez tuviera un papel destacado como presidente del partido y portavoz parlamentario. Decidieron también que al día siguiente, martes, el propio Sánchez anunciara su dimisión en Murcia, en rueda de prensa, en un acto al que acudiría Maíllo, que se deshizo en elogios al ya ex presidente.

Cesaron las críticas a Ciudadanos, que sin duda se apuntó un importante tanto político, pero que podría quedar en una situación muy incómoda si se produjera el archivo de la causa, como piensa el PP que va a ocurrir. Pero de momento puede disfrutar de su triunfo, y en el partido naranja prefieren no barajar la posibilidad del archivo.

El caso Murcia está lejos de haberse cerrado. Queda mucho por ver en lo judicial y en lo político.